Jorge Capitanich exigió hace un mes que el proyecto para estatizar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo fuera encabezado por la Comisión de Educación, presidida por su coterráneo Eduardo Aguilar, el dirigente de su mayor confianza según quienes lo conocen.

El apuro no fue casual: cuando fue gobernador el ahora jefe de Gabinete fue de los más beneficiados con las viviendas que construía la Fundación de Madres de Plaza de Mayo con la coordinación de Sergio Shocklender, acusado de enriquecimiento ilícito por esas operatorias.

El proyecto ingresó en diciembre en el paquete de extraordinarias y había quedado con la comisión de derechos y garantías como cabecera. Pero cuando lo advirtió el jefe de Gabinete hizo gestiones urgentes para dejar todo en manos de Aguilar.

Lo que siguió alimentó todo tipo de especulaciones: el plenario de comisiones se quedó dos veces sin quórum, la última por la falta de siete senadores oficialistas, cuatro de la Comisión presidida por el ladero de Capitanich.

Aníbal Fernández logró reunir a la Comisión de Presupuesto y darle dictamen, pero ahora la de Educación y la de Garantías se reunirán mañana para hacer lo propio de una buena vez.

Si no lo logran será casi lo mismo: el reglamento permite emitir un dictamen en minoría si la comisión lo intenta tratar por tercera vez.

"Cuando decidieron pasarlo a la Comisión de Aguilar convocaron al plenario a los pocos días y se quedaron sin quórum. Lo querían aprobar rápido y no pudieron", interpretó un senador radical. 

Aníbal fue el más interesado en que el proyecto se aprobara. Intentó incluirlo en diciembre en la última sesión del año, con la excusa de evitar una sesión en febrero que nunca llegó.

Y en el último plenario protestó delante de todos por la incapacidad de Aguilar para juntar quórum.

Los puntos oscuros

La decisión de estatizar la universidad de las Madres incomoda a Capitanich por ser junto al santiagueño Gerardo Zamora el gobernador que más viviendas recibió de la Fundación administrada por Schoklender.

Lo advirtió un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que responsabilizó a los gobernadores por la ejecución de las obras.

En 2011, la Comisión de Vivienda de Diputados, presidida por el radical Hipólito Faustinelli, investigó el tema y detectó que Capitanich y Zamora habían liquidado los fondos mediante unidades ejecutoras, una maniobra legal que permite evitar la inspección de los Tribunales de Cuentas locales, que suelen tener representantes de la oposición.

“Toda esa información la tienen los jueces Norberto Oyarbide y Marcelo Martínez Giorgi. La principal irregularidad es que el financiamiento estaba destinado a casas particulares y se hicieron con el sistema M2 italiano, que es más barato”, recordó Faustinelli a LPO.

“Esto no significa que haya habido delito de los gobernadores, porque el dinero era girado desde el Ministerio de Planificación a la Fundación y de ahí a provincias y municipios. Lo que sí hizo Capitanich y nos reconoció es evitar controles de su Tribunal de Cuentas”, explicó.

La cuestión, en ese caso, sería saber donde fue a parar el presunto sobrante de dinero que tuvo la fundación y la Universidad pudo haber sido uno de esos destinos.

Patricia Alonso, la ex secretaria de la Fundación, declaró en su momento que una de las vías de financiamiento de la Universidad de las madres era “la venta de paneles” construidos en una fábrica propia. El propio Schoklender podría dar cuenta de eso si algún senador lo consulta. 

Es por eso que la UCR quiere conocer sus balances y saber si efectivamente utilizó dinero de la Fundación que no pueda justificarse.

El radical Luis Naidenoff, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, ya le pidió a Capitanich los balances de la fundación. No se los dio.