El kirchnerismo obtuvo esta noche dictamen a favor del proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, con el que el gobierno busca combatir el empleo en negro mediante una baja de aportes patronales a las empresas con menos de 80 empleados.

Carlos Tomada defendió el proyecto en un plenario de comisiones de Legislación del Trabajo, que preside Héctor Recalde, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Roberto Feletti, ambos del Frente para la Victoria (FpV).

La intención del oficialismo es tratar la iniciativa en el recinto durante la sesión programada para el 21 de este mes. 

Tomada resaltó que "esta ley está respondiendo a una lógica diferente del tratamiento del trabajo no registrado", ya que según explicó prevé "incentivos y sanciones" y subrayó en forma insistentes que esta propuesta "plantea apoyar a la microempresa que es el sector más débil y que más empleo genera".

Confirmó la decisión del Gobierno de "fortalecer la inspección del trabajo en las provincias" y para eso anunció la creación de "una unidad especial en el ministerio de Trabajo para intervenir junto con los 400 inspectores" para "detectar las maniobras de fraude laboral". 

El dictamen contó con las firmas en disidencia de la UCR, el Frente Amplio Progresista y el Frente Renovador, mientras que el Pro, Unidad Popular y el Frente de Izquierda impulsaron proyectos alternativos. En el Senado había conseguido unanimidad.

El massista Héctor Daer transmitió que "vamos a acompañar" la propuesta del Gobierno, pero reclamó "acordar la potestad para que la organización sindical tenga legitimidad para combatir el empleo en negro". 

El macrista Federico Sturzenegger propuso que la ley afectaría tanto los aportes del empleador como los del empleado.

El vicepresidente del bloque oficialista, Pablo Kosiner, cerró el debate y concluyó que el proyecto “mejora la calidad del trabajo e implica mayor protección social”.

“(Este proyecto) es parte de un proyecto político que dignifica el trabajo en la Argentina hace diez años”, finalizó.

Según el texto oficial, las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores serán parte de un régimen definitivo por el cual no pagarán más contribuciones patronales.

En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.

El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.

Las pymes que violen este régimen perderán este y otros beneficios y serán incluidas en un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que crea el proyecto.