La oposición porteña se abroqueló contra la designación como juez de Martín Farrell, quien era Director de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, al momento de derrumbarse el entrepiso del boliche Beara, que provocó la muerte de dos jóvenes en 2010.

Varios bloques opositores darán mañana una conferencia de prensa en la Legislatura junto a los familiares de las víctimas, que rechazan que Farrell sea designado juez mientras es investigado por la Justicia por su rol en el Ejecutivo porteño durante el derrumbe de Beara.

Según señalaron desde el bloque K, la conferencia se hará el mismo día en que Farrell está citado para prestar declaración indagatoria ante la jueza penal de instrucción, Alicia Iermini, acusado de haber celebrado "un acuerdo espurio" con los empresarios dueños del boliche para poder habilitarlo.

Como explicó LPO, Farrell es resistido incluso por algunos legisladores del propio bloque del PRO, que no están de acuerdo en votarlo como juez hasta tanto quede clara la causa de Beara.

Pero pese a esa resistencia, Farrell tendría el camino allanado al juzgado por dos motivos. En primer lugar, tiene el fuerte respaldo del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Y, principalmente, no necesita el voto de los legisladores para convertirse en juez.

Es que la Constitución de la Ciudad establece que el pliego debe ser aprobado dentro de los 60 días luego de su presentación, y si no es tratado en el recinto, se considera aprobado automáticamente.

Es por eso que si el Ejecutivo no logra disciplinar a los propios legisladores del PRO y conseguir algunos votos prestados para llegar a los 31 que necesita para aprobar el pliego, dejará correr los días para que Farrell se convierta en juez de manera automática.

“Estamos a punto de presenciar como la trampa legal permite a los legisladores consagrar la impunidad dejando solamente pasar el tiempo”, aseguró el legislador Pablo Bergel, del bloque Verde Alameda.

“Se comunicó a los integrantes de la junta ética de tal situación repudiando la escandalosa designación y exigiendo el inmediato rechazo de lo que consideramos un explícito acto de protección y encubrimiento”, agregó Bergel.