El radicalismo quiere impedir que el kirchnerismo designe a una decena de juristas afines como conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes el miércoles tendrán su primera audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Vía twitter, Gerardo Morales adelantó que “hasta que el oficialismo no modifique la ley para transparentar designaciones” rechazarán toda las designaciones de conjueces, ya sea de primera instancia, cámara como del máximo Tribunal.

En la UCR están seguros que para nombrar a estos últimos harán falta los dos tercios de los presentes, requisito necesario para aprobar el pliego de un juez de la Corte. Como suele ocurrir en estos casos, en el kirchenerismo ya evalúan rechazar esa hipótesis si hace falta.

Desde hace dos años Morales litiga ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo cada nombramiento de un conjuez de Cámara y de primera instancia. Los considera inválidos porque no participan los tres poderes, sino únicamente el Ejecutivo, que define una lista de candidatos, y luego el Senado que lo aprueba por mayoría simple.

El jujeño pide un criterio más justo, como que los candidatos a conjueces sean quienes hayan concursado para los respectivos cargos.

Sin restricción, el Gobierno opta por proponer a letrados afines sin importar su trayectoria y en las recientes listas de candidatos a conjueces camaristas y de primera instancia se encontraron irregulares insólitas, como falta de edad o de años de matrícula.

Fue el caso de Graciana Peñafort, la abogada recordada por participar en la ley de medios, quien no tiene seis años de matrícula en el fuero federal y sin embargo fue propuesta por el Gobierno como camarista en lo contencioso administrativo, o sea, encargada de recibir los litigios contra el Estado.

Ariel Federico Giménez, asesor en el Ministerio de Justicia de la Nación, ni siquiera fue adjuntado el DNI. No parece un error casual: varios pliegos fueron rechazados porque no llegaban a los 30 años de edad exigidos y hasta había una abogada que tenía 23 y estaba recibida hace un año.

Otra característica que cuestiona la UCR es el domicilio de los conjueces. La mayoría lo tiene en tribunales federales más cercanos y estaría obligado a mudarse de urgencia a una provincia de producirse una vacante.

“Lo que el kirchnerismo quiere ocultar es que los conjueces no son subrogantes, sino que actúan de urgencia ante casos puntuales. Y no pueden viajar de urgencia a resolver un litigio sin conocimiento del tema y del terreno”, protestan.

En la lista que despertó el repudio de la oposición se encuentra Martín Ariel Magram, ex defensor de Amado Boudou en una causa en Mar del Plata, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, letrado de Madres de Plaza de Mayo.

Otros conjueces propuestos por el Gobierno son Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo; y Marcelo Buigo, ex apoderado de Julio de Vido en una causa por calumnias contra Elisa Carrió.

También está Carlos Alberto Cruz, ex abogado de Felisa Miceli; Nicolás Fernando D'Albora, asesor en prevención de lavado de activos del Banco Central y ex defensor ante el Consejo de la Magistratura del juez tributario Javier López Biscayart, primero en investigar el caso Skanska.

La pelea por la Corte

La desprolijidad del kirchnerismo para ocupar los conjueces de los tribunales inferiores repercute en los propuestos para la Corte Suprema, sobre todo porque los diez elegidos por el Gobierno también son de reconocida afinidad con la Casa Rosada.

El más afamado es el ex camarista y ministro de Seguridad Carlos Arslanian. También están el administrativista Tomás Hutchinson, Ricardo Nissen, el catedrático Carlos Cárcova, el comercialista Héctor García Cuerva y Gustavo Ferreira, un abogado muy cercano al presidente del Tribunal Raúl Zaffaroni.

Cualquiera de ellos podría reemplazar a Carmen Argibay, con problemas de salud; o alguno de los cuatro jueces de la Corte que en 2015 hayan superado los 75 años. También si renuncian, como anticipó que haría el propio Zaffaroni.

En la oposición no descartan que el kirchnerismo emita un dictamen de urgencia el miércoles tras la audiencia pública, pero la disputa estará en el recinto.

Los radicales entienden que un conjuez debe reunir los mismos requisitos que un juez, que para ser designado requiere el voto de los dos tercios de los presentes en el Senado, según el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución.

En el kirchnerismo ya se atajan. “Ni la constitución ni el reglamento habla de que un conjuez necesitan dos tercios”, adelantaron a LPO fuentes del bloque Frente para la Victoria.

Si aceptaran ese criterio, sólo podrían nombrar a los conjueces de la Corte con ayuda del interbloque peronismo federal, conducido por Adolfo Rodríguez Saá.

El puntano no viene tan mal con el oficialismo, que le otorgó la presidencia de la bicameral de fiscalización de organismos de seguridad interior y lugares en casi todas las comisiones relevantes. Pero tal vez no haga falta su ayuda.