El ministro de
Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, pateó el tablero y aceptó sumarse a
una cumbre de intendentes del Frente Renovador que había convocador Sergio
Massa en Pilar, para tratar la crisis de inseguridad que vive la provincia.
Massa reunió a diecinueve intendentes del Frente Renovador junto a los diputados Darío Giustozzi y Gilberto Alegre a una cumbre en el Sheraton para definir posturas sobre la Policía Comunal –un viejo reclamo massista- que ahora el gobierno de Daniel Scioli se apresta a concretar.
Una vez reunidos, Massa llamó directamente a Granados, quien no dudó en acercarse al encuentro. La respuesta del ministro de Scioli no debería extrañar: Desde su desembarco en el ministerio de Seguridad bonaerense, Granados dejó en claro que los intendentes –de hecho el es el jefe comunal de Ezeiza- deberían ser los principales responsables y aliados en la lucha contra la inseguridad.
La reunión, según el massismo, tuvo tramos “duros y ásperos” y sobre todo se discutió sobre como hará la provincia para financiar la policía comunal –una vieja bandera massista que el sciolismo hizo suya-, bautizada Comando de Patrulla Comunales (CPC).
Massa pidió "no firmar nada hasta el 15 de mayo", fecha que se puso como plazo para observar los avances de la gestión de Scioli en materia de Seguridad, luego que decretara la emergencia del área.
En el Frente Renovador temen -con algunos antecedentes importantes-, quedar entrampados en un nuevo juego de imagen o abrazo del oso de Scioli, que diluya sus reclamos en una foto que termine capitalizando el gobernador. "Esta ya la conocemos, se socializan las pérdidas y se personalizan las ganancias", afirmó a LPO un operador de Massa, quien tuvo la gentileza de traducir: "Scioli se saca las fotos en los operativos y los intendentes ponen la cara cada vez que hay una pueblada".
La gran preocupación de los intendentes es que no haya policías comunales de primera y de segunda, según los recursos de cada Municipio. Esto es así, porque la provincia paga un básico de los salarios y de equipamiento, pero cualquier mejora en ambos sentidos depende de las arcas municipales.
Granados sin embargo viene trabajando con cierto éxito el respaldo de algunos intendentes massistas a su iniciativa, como hizo recientemente al acordar con el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, que la primer experiencia del CPC se instrumente en ese distrito.
De hecho, en la reunión de hoy el ministro recibió un respaldo importante del jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, quien afirmó en el encuentro que “lo esencial es que no falte la materia prima del plan: Más personal de la fuerza”.
Esa es una de las discusiones centrales, cuanto dinero efectivamente pondrá la provincia para pagar los sueldos de los nuevos efectivos. Posse explicó en la reunión que San isidro, por ejemplo, ya sostiene los 130 móviles de la bonaerense que tiene su distrito.
“Nosotros compramos los móviles, los blindamos, les hacemos el mantenimiento, pagamos la nafta, el sueldo del inspector que acompaña a los policías y a estos también les pagamos los adicionales”, subrayó el intendente.
La demanda lógica de los jefes comunales es no duplicar los costos. Es decir, pueden absorber parte del gasto del nuevo CPC, pero deberían en consecuencia dejar de financiar a la bonaerense.
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Los separa sólo el dinero y cómo repartir los costos, pero los une el espanto por la inseguridad y la negación que tienen los cristinistas por reconocerla.