El Gobierno ya tiene la ley que lo habilita a pagar la indemnización a Repsol acordada hace dos meses y aprobada ya en el directorio de la petrolera española, que había puesto como plazo máximo el 1 de mayo para que Cristina refrende el pacto en el Congreso.

Lo consiguió anoche tras 16 horas de debate en la Cámara de Diputados y el apoyo de sus aliados y los moyanistas Omar Plaini y Juan Facundo Moyano, que le permitieron alcanzar 135 votos.

La UCR el FAP, que habían apoyado la expropiación hace dos años, votaron en contra junto a la Coalición Cívica. Se trató de la primer coincidencia de las fuerzas que el martes presentaron un frente común para 2015. 

La misma postura tuvieron el Frente de Izquierda, Unión Popular y Fe, mientras que hubo 42 abstenciones del Frente Renovador, de Unión PRO y de Compromiso Federal.

El acuerdo entre el Gobierno nacional y Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF que prevé un pago de 5 mil millones de dólares a la compañía española.

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, defendió la iniciativa al asegurar que se trata de "un acuerdo que a todas luces es beneficioso para nuestro país" y acusó a la oposición de hacer "verdaderas peripecias para oponerse al acuerdo".

Asimismo, Di Tullio dijo que la oposición cayó en "una irresponsabilidad enorme" al no acompañar al Gobierno y cargó contra el radicalismo, al afirmar que "no se nota que se quieren hacer cargo del futuro porque no nos dicen qué van a hacer con YPF".

Por su parte, el titular de la bancada radical, Mario Negri, aseveró que "con la aprobación de hoy se cierra un ciclo de 20 años de la peor política energética llevada adelante por el peronismo. En la década del '90, desguazando YPF y en esta última década destruyendo el mayor logro que era el autoabastecimiento".

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo, defendió la decisión de abstenerse en la votación para que la Argentina "no quede como un país que no cumple con sus obligaciones", pero pidió que "no se nos diga que nosotros somos los que defendemos a las corporaciones y los que votan a favor son los que defienden la soberanía".

El diputado del Frente Renovador (FR) Mario Das Neves describió como "un momento triste" la privatización de YPF y confesó que "me duele mucho que no se hayan consultado las medidas que se tomaron, y no quiero de ninguna manera hipotecar las futuras generaciones, sin saber lo que se tiene que pagar" por este acuerdo con Repsol.

La jefa del GEN Margarita Stolbizer, en representación del Frente Amplio Progresista (FAP), denunció al Gobierno porque "primero llegaron a un acuerdo con la empresa sobre el monto de la compensación y luego amañaron la tasación del Tribunal para convalidar lo que ya habían arreglado".

La sesión, que tuvo como único tema el tratamiento del convenio con Repsol enviado por el Ejecutivo, comenzó con la defensa del acuerdo por parte del diputado Mario Metaza, presidente de la comisión de Energía y Combustibles y miembro informante del kirchnerismo, quien aseveró que "es invalorable haber concluido la operación en manera amistosa" el conflicto que mantenía el Gobierno con la petrolera española.

Luego, el presidente de la comisión de Presupuesto, el también oficialista Roberto Feletti, dijo que la deuda que se emitirá para pagar la expropiación de YPF, "es para comprar un activo" y acusó a la oposición de hablar, "en términos tan falaces buscando la desvirtuación de políticas de Gobierno".

A su turno, la diputada por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, denunció que en las últimas dos décadas hubo "una asociación ilícita" en torno de la privatización y posterior reestatización de YPF de la que participaron "los mismos nombres, los mismos apellidos y el mismo partido", al tiempo que advirtió que "irán presos españoles y argentinos".

Carrió también tuvo un fuerte cruce con la diputada kirchnerista Nanci Parrilli, cuando acusó a su hermano y secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, de ser "cómplice del vaciamiento" de la empresa petrolera e incluso dijo que en su etapa de diputado "fue parte de la entrega de YPF, año 1992".

Julio Cobos (UCR) apuntó que "hay vicios ocultos" en el acuerdo porque "el pasivo ambiental no está considerado", y pidió "cambiar la política energética" del país y darle "un impulso a las obras que están frenadas".

Desde el macrismo también se manifestaron Federico Sturzenegger, que sostuvo que "la incertidumbre jurídica que comenzó con un adolescente intento de confiscación (de YPF) debe ser subsanada", y Patricia Bullrich, quien reclamó "pensar una cláusula concreta" para que en la medida que vayan surgiendo los pasivos contingentes "sean descontados del precio".

Carlos Heller, de Nuevo Encuentro, aliado del kirchnerismo, fustigó a la oposición al señalar que "para los que están diciendo que esta deuda por YPF la van a pagar otros gobiernos, les quiero decir que este gobierno hace 11 años que está pagando deudas que contrajeron otras administraciones".

Claudio Lozano (Unidad Popular) cuestionó al acuerdo porque "supone un aumento innecesario de la deuda pública argentina", y casi coincidió con el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, quien estimó que está "comenzando un nuevo ciclo de endeudamiento que nos puede llevar a una cesación de pago".

También desde la izquierda, el mendocino Nicolás del Caño graficó que "la plata que se le va a pagar a los vaciadores de Repsol equivale a tres veces lo que se utiliza por año para otorgar todas las asignaciones universales por hijo", mientras que Pablo Javkin (Coalición Cívica ARI) aseguró que "el Estado argentino asume el costo ambiental y el pasivo ambiental" que "van a pagar las provincias argentinas".