Un legislador porteño del Pro impulsa una iniciativa para quitar planes sociales o subsidios a quienes cortan calles u ocupan terrenos en la Capital.

El proyecto es del diputado Helio Rebot y será discutido en los próximos días en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, junto con otras iniciativas del macrismo como una ley para penalizar a los "trapitos" y los "motochorros".

Según explicó el propio Rebot a La Nación, la iniciativa intenta agregar en el Código Contravencional "la pérdida temporal o definitiva de beneficios por parte del Estado cuando se atenta a la conviviencia general". El proyecto dispone que el juez que actúe sobre un corte de calle u ocupación de terreno en la ciudad -acción ya tipificada como contravención- pueda elegir entre quitar o no un plan social, en el caso que considere necesario.

"El Estado no tiene porque estar subsidiando a los que rompen con la convivencia general", justificó a este diario Rebot, quien negó que se afecte el derecho constitucional a protestar. El legislador condicionó la aplicación de la normativa a la cantidad de manifestantes: "Si hay un millón de personas, no hay forma. Pero si hay 50, cortar una calle no es lógico".

Así, un piquete dentro de la ciudad, como los que se suceden en varias oportunidades en el microcentro porteño, o la ocupación de terrenos para exigir soluciones habitacionales, como ocurrió en la reciente toma en Villa Lugano o el parque Indoamericano, tendrían un agravante para los manifestantes. 

Rebot rechazó que que su propuesta tenga relación con la ley para regular piquetes del kirchnerismo, pero dijo que está sustentada sobre la misma base. El proyecto de norma que despertó el debate en los últimos días fue firmada por el grueso de los integrantes de peso del bloque oficialista en la Cámara baja del Congreso, como Carlos Kunkel, Diana Conti y Teresa García, pero ayer fue desestimada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

"No le veo relación con la ley antipiquete del kirchnerismo. Pero creo que hay un reconocimiento del hastío y cansancio de la población a este tipo de actividades, que a lo mejor tiene los mismos problemas pero no protesta de esa forma. Hoy el diagrama del piquete es extorsivo porque dicen 'si no me arreglan mi problema, jodo a todo el mundo'", explicó Rebot.

¿El proyecto no criminaliza la protesta?, preguntó La Nación. "Los ciudadanos no tienen porque estar pagando un subsidio a un tipo que está jorobando al resto. Aplicar la ley no es criminalizar la protesta", respondió Rebot, y concluyó: "La protesta es legítima pero sólo hay que dotarla de mecanismos para que se pueda hacer sin atentar contra la comunidad"..