El gobierno mendocino decidió eliminar el párrafo que proponía rever la ley antiminera (la 7.722) que contenía el plan de ordenamiento territorial que Paco Pérez presentará el próximo 1 de Mayo en la Legislatura provincial.

La decisión se tomó para evitar la “reacción social” que adelantaban las organizaciones ambientalistas de la provincia y el referente de Sergio Massa en Mendoza, Jorge Difonso, si es que el plan mantenía esta “recomendación”.

Así, a través de su ministro de Tierras y Ambiente, Guillermo Elizalde, el gobernador Pérez desistió de reabrir el debate sobre si es o no conveniente desarrollar la gran minería en la provincia de Mendoza. Hoy, la ley 7.722, prohíbe expresamente los yacimientos a cielo abierto y la utilización de cianuro u otros elementos similares, en la explotación minera.

Así, el dato se puede tomar como un rotundo triunfo de los ambientalistas y de Difonso, quien a su vez había amenazado con desatar una “guerra por el agua” si el oficialismo insistía con dejar en el texto del plan de ordenamiento territorial el párrafo que recomendaba la “revisión” o eventual “modificación” de la ley antiminería.

La novedad fue anunciada este martes por el ministro Elizalde, antes de que comenzada la audiencia pública para presentar el plan y en la que las organizaciones ambientalistas y el mismo Difonso, intendente de la localidad de San Carlos, ejercieron fuerte presión.

Queda por ver cómo tomarán la decisión los 70 especialistas de diversos ámbitos que durante más de un año elaboraron el plan, y que decidieron, tras largas discusiones, consensuar la necesidad de que la ley 7.722 necesita modificaciones para adaptarse al esquema de ordenamiento territorial que Mendoza necesita desde hace al menos 30 años.

Para completar el panorama, desde el mismo oficialismo se reclamó cambios en la ley, que sin dudas quedarán para el futuro. El titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, reclamó un debate “amplio” respecto a la cuestión minera, ya que, dijo, “hay que pensar en el futuro de nuestros hijos, y que no se tengan que ir a San Juan o a Chile a trabajar en minería porque en Mendoza está todo prohibido”.

Pedido de emergencia

En este contexto, este miércoles, se conoció la decisión de Tanús de apoyar en la Legislatura un proyecto de declaración de emergencia de la actividad minera en Mendoza.

El intendente de Malargüe, el más minero de los departamentos de Mendoza, Juan Carlos Agülles, junto a la Cámara Argentina de Servicio Mineros, pidió una ley de emergencia para el sector, que está pasando por un momento “crítico”.

La intención de fondo es que la ley antiminera permita que cada departamento tome una decisión autónoma respecto a la minería en todas sus formas, si desarrollarla o no, y de qué manera. Malargüe quedó muy golpeado tras la suspención del proyecto Potasio-Río Colorado, hace más de un año, por parte de la minera brasileña Vale.

A su vez, es el departamento donde está la totalidad de la porción mendocina de Vaca Muerta, de petroleo no convencional y de gas. Es por esto que el intendente Agülles pretende que su departamento cuente con la autonomía suficiente para decidir si desarrollar o no la minería.