El PRO no quiere quedar atrás de Daniel Scioli con respecto a la discusión por la inseguridad y presentó un proyecto para exigirle al Gobierno nacional que le traspase la Policía Federal a Mauricio Macri en territorio porteño.

Diez días atrás, Scioli decretó la emergencia en materia de seguridad ciudadana durante un lapso de 12 meses en la provincia, que entre otras cosas estipula una inversión de 600 millones de pesos para la adquisición de equipamiento para la Policía Bonaerense.

Con esa medida, Scioli se ganó la atención de toda la clase política y los medios durante toda la semana pasada. El propio Macri debió salir a apoyar la iniciativa con reparos: respaldó el envió de fondos pero advirtió que además “hay que tener gestión”.

Luego de la movida de Scioli, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el macrista Cristian Ritondo, que la semana pasada dijo que la Policía Federal “tiene los brazos caídos”, presentó un proyecto de ley para que el Gobierno nacional convoque de “manera urgente” al gobierno porteño a fin de celebrar los convenios pertinentes para que la Ciudad asuma el pleno ejercicio en materia de seguridad.

El proyecto de Ritondo exige el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 26.288, que establece que “definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1°” de esa misma ley.

El artículo 1º establece que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales” y que el Gobierno nacional hará lo propio con las materias federales “hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En los fundamentos del proyecto, Ritondo señala que “ya han pasado 7 años desde la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 26.288, poco se ha avanzado en estos años para hacer efectiva la Ley en cuestión y que con ello la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pueda hacer cargo del ejercicio pleno en materia de seguridad”.

El proyecto le exige al Poder Ejecutivo Nacional que “avance urgentemente en el traspaso de las competencias en materia de seguridad, tal cual lo establece la ley y lo piden los porteños, asimismo reafirmando el carácter autónomo de la Ciudad y el carácter federal de la Nación”.