Cristina Kirchner quiere instalar una serie de temas sin otra intención que captar la atención de la opinión pública, que hoy gira en torno a la inflación, la inseguridad y lo paros de los sindicatos.

La estrategia no es nueva: Néstor Kirchner diseñó medidas de fondo para que ella las impulse tras su derrota 2009, con temas como la estatización de las AFJP y la reforma política.

Pero la diferencia es que, sobre el final de su mandato, Cristina no está interesada en leyes estructurales sino más bien no ser abrumada por malas noticias.

Tal es así que uno de los temas que habilitó fue la despenalización del aborto, aun cuando es conocido su rechazo: en 2009, la presidenta le pidió a la diputada Nora César trabar los expedientes sobre el tema.

Dos años más tarde vació una comisión que estaba por darle dictamen a una ley que permitía interrumpir el embarazo y el año pasado no lo incluyó en la discusión del nuevo Código Civil.

Esta semana diputadas de todos los bloques presentaron un nuevo proyecto para despenalizar el aborto, entre ellos varias kirchneristas que nunca escondieron su posición, como la jefa de bloque Juliana Di Tullio, Diana Conti y Adriana Puiggrós.

En el Congreso aseguran que esta vez tuvieron la venia de Cristina, no para que vayan a fondo sino para movilizar a la gente por cuestiones ajenas a la inflación y la inseguridad.

Recuerda que su remontada de 2010 mucho tuvo que ver con la popularidad de la ley de matrimonio gay, aprobada en julio de ese año.

Esta semana, además, Diana Conti, con quien Cristina dialoga a menudo, presentó un proyecto para regular el acceso a la información pública, una deuda de este Gobierno que trabó varias iniciativas al respecto.

El proyecto lleva su sola firma y fue girado también a las comisiones de Justicia y de Presupuesto, ambas en manos del kirchnerismo, presididas por Graciela Ginnettasio y Roberto Feletti.

Este tema sí se aceleró, porque hay un pedido de la Corte Suprema de avanzar. La reunión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el próximo 30 de abril a las 11, en la Sala 1 del Anexo, donde también se abordarán otros proyectos que son resistidos por el oficialismo: los que establecen el régimen de boleta única.

Todas estas son temáticas que Cristina siempre consideró peligrosas para su Gobierno pero ahora tal vez les teme menos porque quien deberá lidiar con ellas será su sucesor. 

Y el Congreso es el ámbito de la presidenta quiere acción que disimule sus debilidades. Por eso habilitó a Sergio Berni y a Cecilia Rodríguez (secretario y ministra de Seguridad) a ir a la siempre poco activa bicameral de seguimiento de Seguridad Interior, encargada del narcotráfico, que nunca estuvo activa y será presidida por Adolfo Rodríguez Saá. 

Esta semana habilitó a sus diputados a iniciar el debate por un nuevo Código Procesal Penal, que pondrá en discusión la discusión de la instrucción de los juicios y también las excarcelaciones.

En el Senado lo pidió debatir Eugenio Nito Artaza, radical pero cercano a Julio De Vido. Miguel Pichetto se vio obligado a comprometerse con el tema.

Juan Carlos Molina, el titular de Sedronar, se había comprometido a asistir al Senado pero finalmente no pudo.

Es un uno de los funcionarios que más promueve la presidenta, tanto que no dudó en denunciar los actos de corrupción de sus antecesores, aun cuando fueran en sus narices.

La cuestión, ahora, pasa por movilizar debates que no acribillen más a un gobierno que está de salida.