La retención de parte del dinero de las obras sociales es tal vez la mayor puja de Cristina Kirchner con sindicatos, una disputa que no tiene un final cercano y genera resquemor en el propio Gobierno, donde algunos ministros consideran que además de una afrenta innecesaria a los sindicatos entraña un riesgo para la propia estabilidad del sistema de salud.

La pelea estuvo presente durante la gestión de Néstor Kirchner pero se profundizó como nunca con Cristina, quien en su segundo mandato ni siquiera oculta su intención de retener el 15% de lo recaudado por las obras sociales y según Moyano ya tiene 22 mil millones de pesos que son de los sindicatos.

Ese porcentaje es girado hace décadas al Fondo de Redistribución Solidaria (FRS), manejado por el Gobierno y destinado a cubrir las enfermedades complejas y también las mínimas que no puedan ser cubierta por los gremios chicos. 

Las obras sociales recaudan el 12% de cada salario bruto: el 9% lo aporta el empresario y el otro 3% los trabajadores.  

En su origen, el FRS recaía en la Administración de Programas Especiales (APE) y cada peso que sobraba debía reintegrarse a los gremios en proporción a lo que hayan aportado. 

El Gobierno del entonces presidente Carlos Menem empezó a demorar ese último trámite y ocasionó los primeros resquemores en los líderes sindicales.

Ocurrió cuando los fondos de APE quedaron sujetos a las contingencias del presupuesto nacional. Se sabe, vía superpoderes un presidente puede modificar partidas a gusto.

Menem logró acallar los reclamos dándole a los gremios cuatro directores en el APE, tres al Estado y uno al empresariado.

Pero los retrasos en devolver los fondos comenzaron a ser frecuentes y Néstor Kirchner lejos estuvo de cambiar el hábito, ni en el momento de mejor relación con Hugo Moyano.

La sequía cristinista

Con Cristina todo empeoró: su primera ministra de Salud, Graciela Ocaña, promovió las denuncias en contra del camionero y otros sindicalistas por supuestas maniobras fraudulentas destinadas a retirar dinero de APE para prestaciones falsas.

Y en 2011, ya sin Kirchner como mediador con los gremios, la Presidenta optó ya no sólo por no devolver los excedentes sino que ni siquiera respondía a los pedidos de prestaciones especiales.

Para eso disolvió el APE y lo reemplazó por el Sistema Único de Reintegros, llamado S.U.R, que quedó a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde nombró a su fiel ladera Beatriz Liliana Korenfeld, ex diputada de Santa Cruz.

Fue Korenfeld quien el año pasado le dijo a los gremios oficialistas que no estaba dispuesta a devolver ese dinero, excepto que le den una asignación específica. Planteó, además, que si lo devolvía respetando el aporte original engrosaría las cuentas de los gremios más poderosos.

Antonio Caló (metalúrgicos), José Luis Lingieri (Sanidad) y Armando Cavallieri (Comercio), quedaron perplejos ante tanta sinceridad. 

Es que los fondos no están escondidos: muy por el contrario, figuran en una cuenta a la vista del Banco Nación y con la inflación no hacen más que devaluarse año a año. 

La discusión de fondo

La discusión que plantea el Gobierno es ya sobre la pertenencia del dinero, surgido de los salarios de los trabajadores con destino original para las obras sociales, que desde el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía son controladas por los sindicatos. ¿Acaso Cristina está dispuesta a discutir eso?

En la conferencia de prensa de hoy, Moyano se lo preguntó: “El próximo paso sería intervenirlas (a las obras sociales). Ahí yo les voy a dar la llave, pero quiero los mismos servicios, porque no veo a los hospitales capaces de responder de esa manera”, desafió a la Presidenta.

El camionero recalcó que Cristina pisó los fondos como nadie y por eso la deuda se agranda a pasos agigantados. De hecho hoy la calculó en 22 mil millones de pesos cuando hace dos años la estimaba en 10 mil menos. 

Carlos Acuña, jefe del gremio de estaciones de servicio, ligado a Luis Barrionuevo y clave en el paro de hoy, contó a LPO que muchas obras sociales tienen enormes déficit que sólo pueden cubrir con sus aportes sindicales, o sea, con el porcentaje del salario destinado al funcionamiento de los gremios, que es opcional. 

Un abogado que asesora a varios sindicatos explicó a LPO porqué no tienen otra opción.“Las obras sociales tienen una personería jurídica diferente y las administra una lista del sindicato que se somete a elecciones, habitualmente ligada a quien maneja el gremio. Si no brinda las prestaciones, tarde o temprano los afiliados los castigan”, explicó.

Existen antecedentes. El ahora senador y líder de la regional de petroleros de Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra, se fue de la federación hace tiempo disconforme con las prestaciones médicas y ahora se convirtió en el más codiciado de su sector, por la importancia del yacimiento de Vaca Muerta.

Es difícil encontrar a funcionarios del Gobierno que comprendan la vehemencia de Cristina en este asunto, sobre todo porque en los gremios que hoy pararon están dispuestos a ir a fondo hasta recuperarlos.