Agobiado por un déficit fiscal que no para de crecer, el gobierno anunció una reducción en los subsidios a la luz y el agua de entre el 20 y el 80 por ciento que se irá aplicando paulatinamente entre abril y agosto. De esta manera, le permitiría ahorrar una parte de los miles de millones de pesos que gasta anualmente en esos beneficios, que en los últimos años no hicieron más que aumentar exponencialmente.

La razón radica en que la pata fiscal continúa siendo la arista más sensible del programa económico del oficialismo que comenzó a atacarla esta semana con el anuncio de quita de subsidios al agua y el gas. Sin embargo, las cifras muestran que, en lo que va del año, el oficialismo lleva gastados más de 11 mil millones de pesos en ejecutar su política eléctrica, es decir, a cubrir la brecha que existe entre lo que cuesta producir electricidad y entre lo que consumen y pagan los consumidores por ella.

Ayer el ministro de Economía Axel Kicillof dejó entrever que la quita va a continuar en el resto de los servicios. "El Gobierno va a seguir trabajando para redireccionar toda la batería de subsidios", de modo de que "el que ya no lo necesita no lo reciba, sino el que aún lo precisa", sostuvo Kicillof.

"Hoy estamos encarando una profundización, una sintonía fina en el tema subsidios, pero lo estamos haciendo con la tranquilidad que da que no hay una necesidad imperiosa de reducirlos. No hay ningún problema. Lo hacemos con tranquilidad, con análisis serios. El objetivo, estamos trabajando desde 2008, en el consumo responsable", agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Para tomar dimensión de lo que es el tamaño de este subsidio, basta recordar que se trata de casi una vez y media lo que lleva gastado el Ministerio de Desarrollo Social durante el mismo período. Pero lo anterior es apenas un piso de gasto porque no considera que, a estos fondos, hay que agregarles los recursos que el Estado deriva hacia Cammesa y Enarsa para producir los hidrocarburos que serán el combustible de las centrales generadoras.

De acuerdo al último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública(Asap), en los primeros dos meses del año estas dos empresas estatales recibieron aumentos del 132 y 54 por ciento respectivamente, y se llevan el 75% de lo gastado en subsidios energéticos, que se incrementaron un 88% frente al mismo período del año pasado.

Proyectadas hacia lo que resta de este año, la dinámica de los subsidios eléctricos muestra que, tal como vienen sucediendo año tras año, también en este 2014 el monto final gastado será muy superior a lo presupuestado originalmente. Sucede que en apenas una cuarta parte del año se devengó más de un tercio del monto asignado en el Presupuesto Nacional, y se comió el 85% de lo que devengó en ese período todo el ministerio conducido por de Vido.

Por su fuera poco, a los resultados de la contabilidad nacional habría que agregarle las cuestiones de la macroeconomía. Sucede que, desde que se evaporó el autoabastecimiento, como parte de la oferta energética es importada, la devaluación de la moneda doméstica de los últimos tiempos incrementa la necesidad de pesos para hacer frente a los gastos.

Eliminar la parte de los subsidios que finaliza en quienes no los necesitan causaría beneficios múltiples e inmediatos como el alivio a las cuentas fiscales y la mejora de la balanza energética comercial por la reducción de un consumo hoy casi gratuito. La evidencia muestra que, los clientes de Edenor y Edesur a los que les aumentó la tarifa a fines de 2011, redujeron el uso de electricidad en un 15%.

Mientras tanto, Kicillof parece estar planeando la vuelta de la Argentina al FMI para acelerar los entendimientos con el Club de París. Como se sabe, el organismo comunicó que, como el resto de los socios participantes, el gobierno argentino deberá someterse al cronograma de revisiones previsto en el artículo IV si quiere avanzar en la negociación con el foro de países acreedores.

Como la normalización de las actividades con el FMI, con Argentina como único socio de los 185 miembros que permite la habitual auditoría de sus números, es uno de los principales requisitos regularizar el status de los 10 mil millones de dólares, será difícil para el oficialismo continuar eludiendo las auditorías del FMI que hace casi 7 años que no audita la construcción de los principales ratios de la economía argentina.