En la estela de las iniciativas que lanzaron Cristina y Daniel Scioli, el gobernador José Manuel de la Sota, envió a la Legislatura de Córdoba un proyecto para limitar los paros en los servicios esenciales.

La embestida se produjo en el mismo momento que la provincia de Buenos Aires sufre un paro docente que ya lleva once días y que empezó a instalarse una discusión pública sobre límites al derecho constitucional de huelga, cuando hay otros derechos –como el acceso a la educación- que no se están respetando.

Los autores formales del proyecto son tres legisladores oficialistas, pero es un secreto a voces que se trata de una iniciativa que empujó personalmente De la Sota.

De hecho, en la Legislatura nadie duda que el presidente provisorio de la Cámara, Oscar González, el titular del bloque oficialista, Sergio Busso, y el schiarettista Carlos Gutiérrez, no darían semejante paso por propia cuenta.

El cálculo

El cálculo delasotista era que el proyecto desataría dos corrientes de opinión contrapuestas: la del sindicalismo, oponiéndose, y la de la gente, apoyándola. Mientras ese tironeo se resolvía -especulaban- el costo político debía ser pagado por los legisladores, pero al final, si había rédito, pasaría a buscarlo el gobernador con una precisa aparición en escena.

Sin embargo, el proyecto consiguió unir a las dos CGT (la oficialista y la kirchnerista) en una marcha que este miércoles desbordó a la Legislatura, justo a la hora de comienzo de la sesión.

Ante la presión en la calle, las autoridades de la Legislatura recibieron a representantes gremiales y en un gesto bochornoso, accedieron directamente a "retirar" el proyecto presentado, una maniobra por otro lado, de dudosa legalidad.

Fue una rendición incondicional, que acaso vino precedida por un punteó de las propias fuerzas en la Legislatura. Es que antes de claudicar ante los sindicalistas, los delasotistas ya la tenían complicada en su propio bloque.

De hecho, al menos siete los legisladores del bloque Unión por Córdoba (PJ) anticiparon su rechazo al proyecto. Entre ellos, José Pihen, quien reviste la doble condición de legislador y secretario general del SEP (Sindicato de Empleados Públicos). También tomaron distancia los dos legisladores que responden a Martín Llaryora, el ministro de Industria y exintendente de San Francisco que busca su proyección provincial.

Con esas bajas, a Unión por Córdoba no le alcanzaban los 34 votos que le quedaban para imponer el proyecto (la Legislatura tiene 70). Además, aunque podrían haber incorporado algunos votos de la oposición afín, De la Sota no se arriesgaría a poner en crisis su gobernabilidad en la Legislatura por más marketinera que fuera la iniciativa.