El juez Norberto Oyarbide admitió por escrito ante el presidente de la Cámara Federal, Martín Izurzun, que frenó un allanamiento en una financiera por un pedido directo de la Casa Rosada.

El magistrado afirmó que recibió un llamado del segundo de Carlos Zannini para advertirle que los policías que realizaban el allanamiento estaban cobrando coimas. El funcionario en cuestión es Carlos Liuzzi, subsecretario de Legal y Técnica.

Según reveló el portal Infobae, el hecho se produjo el pasado 19 de diciembre durante un operativo en la financiera Asociación Mutual Propyme. Los dueños de la firma denunciaron que los policías se comportaron violentamente y pidieron una coima antes de que el juez -que no estaba en el lugar- frenara el allanamiento.

A partir de eso, la Cámara Federal comenzó un sumario interno en el que Oyarbide reconoció el llamado de Liuzzi. Esta mañana, el juez admitió esta situación y defendió su accionar. "Que me llamen de la Secretaría Legal y Técnica me merece toda la confianza", afirmó. "No tengo nada que ocultar", recalcó.

Mientras tanto, la causa por el allanamiento pasó a manos del juez Luis Rodríguez y los dueños de la financiera reiteraron que fueron víctimas de una extorsión por parte los policías, que les pidieron 300 mil dólares para frenar el operativo.

Guillrmo Greppi, el dueño de Propyme, reconoció que cuando se produjo el allanamiento "me comuniqué con Luizzi para decirle que me estaban saqueando", lo que revela los fluidos contactos que mantiene con la Casa Rosada.

Esta mañana, el senador radical Mario Cimadevilla, integrante del Consejo de la Magistratura, declaró que esta situación "amerita una investigación" por parte del organismo que decide el destino de los jueces.

"Con este caso se corrobora lo que ha sido una intención constante de un de un gobierno que entiende que los jueces deben ser del poder y no de la constitución. Oyarbide es un juez que demostró que responde a los caprichos de quien gobierna. No se puede parar un procedimiento porque lo propone un funcionario de otro poder del Estado, a lo sumo se tienen que tomar decisiones por lo que transmitan los hombres del propio juzgado", dijo en radio La Red.

El diputado Manuel Garrido adelantó que pedirá un jury de enjuiciamiento a Oyarbide y la interpelación de Zannini y Liuzzi. "Las declaraciones de Oyarbide son de una gravedad inusitada, porque por un lado admite que tiene contactos informales con el Poder Ejecutivo y, por otro, que paró un allanamiento por pedido de un funcionario", señaló.