La Corte Suprema de EEUU volvió hoy a fallar en contra de la Argentina y sumó una nueva señal negativa en el conflicto con los fondos buitre. 

El Supremo Tribunal ordenó pagarle a British Gas 185,3 millones de dólares que la compañía reclamaba por los perjuicios que le provocó el congelamiento de tarifas que siguió al default y la devaluación del 2002.

BG ya había conseguido un arbitraje favorable de la Cámara de Comercio Internacional, que luego un tribunal estadounidense de apelaciones había desechado.

Pero en una votación de 7 a 2, la Corte dijo que el tribunal de apelaciones de Washington, D.C., no tuvo la suficiente consideración con los árbitros al decidir el caso. El juez Stephen Breyer redactó el fallo por la mayoría.

Con esta decisión queda abierta la puerta para ejecutar la sentencia en favor de British Gas.

Los analistas consultados por LPO disintieron en la interpretación del fallo. Para el abogado Esteban Eseverri, la decisión del Supremo Tribunal es una mala noticia, teniendo en cuenta que la Argentina todavía tiene pendiente la resolución de otros cuatro juicios en esa jurisdicción, en donde los dos que mantiene con los fondos buitre son los más importante.

Acaso este nuevo revés podría demostrar que la Justicia norteamericana no está dispuesta a ceder un ápice en favor de la Argentina desde que el juez federal Thomas Griesa en donde obligó a pagarle a los holdouts U$S1.300 millones al contado.

“De acuerdo a los temas que se tratan en los juicios contra NML, y los precedentes que cita este otro fallo contra British Gas podrían verse complicadas algunas de nuestras defensas que nuestro país ha presentado”, comentó a este portal Eseverri.

Y es que uno de los párrafos del fallo pone en duda el argumento que presentó la Argentina en dos de los cuatro juicios que todavía están vigentes en la Corte de EEUU, en donde utiliza el concepto de “inmunidad soberana” para que no se aplique la ejecución de activos, porque se trata de un país y no de un agente privado.

Pero lo cierto es que a pesar de que el tema de este último fallo es completamente diferente al de los holdouts, muestra un precedente que podría jugar en contra en la pelea con los bonistas que rechazaron los canjes.

De todas formas, Eseverri aclaró que el juez Roberts, quien votó en contra, cita precedentes favorables a la Argentina, de acuerdo a fallos del 2008 y 2012.

Además, los antecedentes no son automáticos, por lo que no implica que vayan a aplicarse enseguida en los otros litigios.

En tanto, Marcelo Etchebarne, del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly(CEK), consideró que “no hay ninguna sorpresa” con el fallo. “Era predecible. La Corte tomó el caso solamente para revertir el fallo de la Cámara de apelaciones para que quede la doctrina, sino no lo hubiera tratado”, explicó. Y recordó que en los casos en donde no le interesaba fijarla, directamente los rechazó de un plumazo.

Etchebarne agregó que el efecto sobre el litigio con los buitres “es irrelevante”, ya que “no tiene nada que ver”. “No era sobre inmunidad soberana”, concluyó.

El origen

Argentina ha dicho que BG, una empresa de exploración y distribución de gas natural, debería haber realizado primero una demanda en cortes argentinas.

BG dijo que no quiso comenzar con una demanda contra Argentina en las cortes del país porque el Gobierno había tratado de restringir el acceso a la justicia y buscaba represalias contra los inversores que le demandaban.

BG se opuso argumentando que la fijación de valores reducía el valor de su 45 por ciento de participación en la distribuidora de gas argentina Metrogas SA.. BG vendió su participación en Metrogas a YPF SA e Integra Gas Distribution LLC.

El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, un panel con sede en Washington, D.C., concluyó en el 2007 que debido a que Argentina tenía por decreto de emergencia el acceso restringido a sus tribunales, sería una "consecuencia absurda y no razonable" leer el tratado literalmente y exigir a BG acudir primero a esos tribunales.

Un juez de un tribunal federal de distrito en Washington ratificó la sentencia con una decisión en el 2011.

Pero un tribunal federal de apelaciones falló en favor de Argentina al año siguiente, alegando que BG debería haber intentado en primer lugar presentar la demanda en el país sudamericano y luego esperar 18 meses para una decisión, como exigía el tratado, antes de recurrir a un arbitraje.