La Política Online accedió en exclusivo al “Convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación” que firmaron ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los representantes de Repsol, Luis Suárez de Lezo Mantilla y Nemesio Fernández Cuesta.

Pese a que desde la oposición argentina se había denunciado que el acuerdo era nulo porque no había intervenido el Tribunal de Tasaciones –tal como lo establece la ley de expropiación-, el documento suscrito ayer incluye el informe de ese organismo.

“Que el Tribunal de Tasaciones de la Nación ha emitido un informe en el que manifiesta que ‘el valor a acordarse es justo y razonable a todos los efectos del avenimiento y la solución amigable previstos’”, indica el convenio.

En el Anexo II del convenio, se adjunta el informe del Tribunal con fecha del 25 de febrero. “Esta Sala Ad Hoc ha examinado los términos y condiciones del Convenio, y en particular el valor de la Compensación que la República Argentina ofrece a Repsol en su Clausula Primera, que totaliza US$5.000.000.000, pagaderos por medio de la entrega de títulos públicos”, sostiene el acta.

El informe, que considera que el precio acordado es “consistente con los principios y bases de valoración aplicados por este Tribunal”, es firmado por Daniel Martín y Galdino Cattaneo y está dirigido al secretario de Política Económica, Emmanuel Álvarez Agis.

La oposición había denunciado que el convenio era “nulo e ilegal” porque el Gobierno se había salteado este paso. La diputada Elisa Carrió se presentó ante el juez Ariel Lijo para “constatar que no existe el dictamen” y afirmó que “la operación no puede realizarse”. Algo similar había dicho su socio político, Fernando “Pino” Solanas. "Está mal planteada la expropiación, falta un proceso de tasación y de indemnización", indicó el senador, que adelantó su voto negativo.

En tanto, el diputado radical José Cano también había hecho hincapié en que el Gobierno estaba violando la Ley de Hidrocarburos, ya que establece “en su artículo 11, que en los procesos de expropiación hay que regirse por los valores que indique el Tribunal de Tasaciones ante eventuales indemnizaciones”.

Por otro lado, el convenio también deja establecida la supuesta bronca de los españoles con el monto de la indemnización. “Repsol ratifica su disconformidad con la expropiación, su procedimiento y la compensación ofrecida por los mencionados conceptos. No obstante, considerando las ventajas de una solución anticipada y los compromisos asumidos en el acuerdo, decide aceptar la compensación ofrecida”, sostiene el texto, donde también queda claro que la compañía “renuncia a sus acciones y reclamos”.

El convenio también determina como condición que el Congreso debe ratificarlo “de manera plena e incondicionada” antes del próximo 1 de mayo. Además, también debe estar aprobada la emisión de los bonos para pagarle a Repsol. Asimismo, antes del 7 de mayo deben ser “removidas las medidas cautelares existentes”.

Finalmente, se establece que el acuerdo “se rige por sus disposiciones y por las leyes de la República Argentina, el TBI Argentina-España y demás fuentes previstas en este último”. Además, agrega que “todo litigio, controversia o reclamación (…) se resolverá exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL)”.

El TBI Argentina-España es el “Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre la República Argentina y el Reino de España”, aprobado por el país mediante la Ley 24.118, sancionada y promulgada en 1992.