Los serios incidentes que se produjeron anoche en terrenos linderos al Parque Indoamericano y que terminaron con una persona muerta podrían haberse evitado si se cumplía la ley 1770, sancionada en 2005, que estipulaba la construcción de viviendas en el predio del conflicto.

El predio, ubicado en la avenida Francisco Fernández de la Cruz y Pola, en el barrio de Villa Lugano, debía ser urbanizado por la Ciudad tras la aprobación de esa ley que fue sancionada por la Legislatura porteña durante el gobierno de Aníbal Ibarra y que no fue aplicada ni por el ex fiscal ni por sus sucesores Jorge Telerman y Mauricio Macri.

En su artículo 2º, la ley establecía la afectación “a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. Francisco Fernández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8” y determinaba que “El mencionado polígono será destinado a viviendas y equipamiento comercial”.

El artículo 4º de la ley establecía que “El Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes y los vecinos y vecinas de la Villa 20, se comprometen a garantizar la adjudicación de las unidades a las familias de la Villa 20 que correspondan, de acuerdo al Nuevo Censo Poblacional” que debía realizar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

La urbanización no se realizó nunca, pese a que la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, que entró en el eje de la polémica por las irregularidades en su programa de viviendas “Sueños Compartidos”, había instalado un obrador en el predio para comenzar con la construcción de viviendas.

Luego, el gobierno de Macri intentó convertir el predio y otros terrenos de la zona en un polo farmacéutico. Pero un grupo de habitantes de la villa 20 frenó la instalación del polo en el barrio alegando que la Ciudad buscaba desplazar a los habitantes de esa villa de Lugano.

A fines del año pasado, el PRO intentó vender los terrenos mediante la aprobación del “Plan Maestro de la Comuna 8”, una ley que debió modificar para conseguir los votos.