El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, anunciaron hoy sanciones para ocho supermercados por incumplimientos del Programa Precios Cuidados, con multas por hasta 1,3 millones de pesos.

Costa precisó que la sanción más alta fue aplicada a la cadena Carrefour, y que también fueron sancionados los supermercados Día, Walmart, Coto y Chango Más. Detalló también que desde el 27 de enero pasado hasta la fecha, se realizaron 141 actas a supermercados y productores por infracciones a las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial y que las 8 sanciones dadas a conocer esta tarde "son las primeras" que se efectivizan en el marco del programa Precios Cuidados.

Sin embargo, la posibilidad de que los supermercados efectivamente lleguen a pagar esas multas es muy baja.

Según explicó a LPO Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, ante multas de este tipo, las empresas tienen el derecho a imponer recursos de revocatoria administrativos como una primera medida para dilatar el pago.

“Al agotarse esa primera instancia, van a la Justicia y si pierden en primera instancia, van a la Cámara de Apelaciones, por lo que pueden pasar años de trámites judiciales”, aseguró Polino. “Encima, las dependencias jurídicas que tratan estos temas son especialmente lentas, y las causas terminan siempre cajoneadas”, agregó.

Pero parte de la culpa de que esas multas nunca lleguen a ser efectivas la tiene el propio Poder Ejecutivo.

Es que, según la Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en 1999, las sanciones que impusieron hoy Kicillof y Costa deben surgir del Tribunal Arbitral creado por esa norma. Pero como ningún gobierno reglamentó y puso en funcionamiento las instituciones creadas por esa ley, las empresas se escudan en el argumento de que son multadas por una autoridad que no es competente.

Existe un caso emblemático que surgió a partir de este hecho: en 2009, Carrefour fue multado por no exhibir correctamente el precio en góndola de una decena de sus productos. Cuando la cadena francesa llevó el caso a la Justicia, los jueces resolvieron que el Ejecutivo no estaba capacitado para labrar esa sanción, sino que debería surgir del Tribunal Arbitral de Defensa de la Competencia. La multa quedó nula.

A partir de entonces, el fallo fue una fuente de jurisprudencia obligada para los supermercados y otros comercios a la hora de defenderse de sanciones impuestas por el Poder Ejecutivo.

Capitanich, confundido

En diálogo con LPO, Polino llamó la atención sobre declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en sus conferencias de prensa matutinas de los últimos semanas.

“Capitanich dijo que se iba a aplicar multas a las cadenas que no cumplieran la ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. O sea que iba a aplicar una ley que no estaba operativa. Es insólito”, afirmó.

Según Polino, a partir de entonces, el jefe de Gabinete dejó de convocar la Ley de de Defensa de la Competencia, al percatarse de que el Ejecutivo aún debe su reglamentación.