El Gobierno dejó correr la amenaza de una recreación de la Junta Nacional de Granos , o un organismo similar, para forzar a los productores a liquidar las toneladas de soja que conservan en los silobolsa.

La amenaza se disparó en el mismo momento que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof y el presidente del Banco Central, Ricardo Fábrega, recibían a los directivos de Ciara, que nuclea a las principales firmas agroexportadoras, para reclamarles que liquiden el saldo que les quedó de la pasada cosecha, pero sin mencionar en el encuentro la posibilidad de una nueva Junta Nacional de Granos.

La amenaza se motorizó a través de declaraciones y proyectos de ley de legisladores kirchneristas, en una típica ofensiva de la Casa Rosada.

Cada mañana, Jorge Capitanich admite la urgencia que existe por acceder a los dólares del resto de la cosecha, pero los productores consideran que el dólar a  8 pesos no es el definitivo y parecen aguardar una nueva devaluación, que incluso fue vaticinada hoy por el Wall Street Journal.

Por ese motivo el equipo económico les planteó a los exportadores la imperiosa necesidad de sacar los granos de los campos, sugerencia que fue devuelta con el eterno argumento de Ciara: "Nosotros somos traders, no podemos forzar a los productores a vender".

En este escenario, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, el mandatario más fiel a los designios de Carlos Zannini, se reconoció “un férreo” defensor de la Junta nacional de Granos.

"Queremos priorizar y preservar centralmente a los pequeños y medianos, para que puedan comercializar su producción a precios convenientes y que la especulación de los grandes no los perjudique", dijo el entrerriano al diario oficialista Tiempo Argentino.

Mientras que el Congreso salió de su letargo y se reactivó con este tema. La senadora rionegrina Silvina García Larraburu, ladera de Miguel Pichetto, presentó un proyecto de ley para restablecer la Junta, disuelta por Carlos Menem

El proyecto plantea que debería integrarse con nueve miembros nombrados por el Poder Ejecutivo y con el control de "todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos".

Su función sería coordinar la producción, los embarques, y asesorar al Ejecutivo en la fijación de precios mínimos para las ventas al exterior, así como en la política cambiaria y en la impositiva, además de otras cuestiones vinculadas al sector. 

También en Diputados

En la Cámara Baja también se presentaron proyectos. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se reunió hace una semana con cooperativistas de Córdoba y propuso crear una “agencia nacional de comercialización de cooperativas de productores”.

“El esfuerzo de los productores argentinos no puede quedar en manos de las diez empresas que manejan el comercio exterior de granos. Es necesario que la renta que genera el comercio exterior de granos la puedan aprovechar los productores y cooperativas argentinas”, sostuvo.

La idea del presidente de la Cámara sería que el 50% de la producción quede en manos de cooperativas y sólo el resto pueda estar en manos de grandes cerealeras.

Cristina habría hablado con él del tema en Cuba y le habría dado el visto bueno. En Cámara baja abundaron declaraciones de apoyo. El primero fue Claudio Lozano, diputado de Unión Popular, que suele brindar una importante ayuda al kirchnerismo a la hora de consolidar mayorías.

“El Estado debería avanzar en el control público del comercio de granos. Un papel más firme en el comercio para tener control sobre la oferta de divisas”, dijo a parlamentario.com.

Gastón Harispe, diputado kirchnerista con raíz en organizaciones sociales, dio por hecho la vuelta de la Junta: “Estamos a punto caramelo para poner en marcha una agencia nacional de comercio exterior, algo con las funciones de las viejas juntas nacionales de granos y carnes, pero que abarque todo el comercio exterior”, anunció.