Son unos 7.600 millones de pesos los que Mendoza debe. Los vencimientos son espaciados y de relativo poco monto, por lo que, en teoría, el cumplimiento de los vencimientos no eran un dolor de cabeza para la gestión de Paco Pérez.

Pero el panorama cambió la semana pasada, cuando el Gobierno nacional dejó que se apreciara la moneda norteamericana. Es que Mendoza tiene la mitad de sus acreencias en dólares, por lo que, en tres días, incrementó sus acreencias en 650 millones de pesos.

De ese total, 29 millones de pesos no calculados deberá desembolsar el Estado mendocino en los meses de febrero y marzo para hacer frente a sendos vencimientos. A su vez, todo el proyecto de presupuesto provincial, aún sin aprobación legislativa, deberá ser revisado por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, condimento que complica aún más la ya difícil aprobación por el rechazo de los radicales a aprobar un nuevo endeudamiento por 1.780 millones de pesos.

Como ejemplo del aumento de deuda, basta indicar que los funcionarios de Haciando que elaboraron el proyecto de presupuesto, lo hicieron tomando el dólar a 5,75 pesos, y así están calculados los pagos de este año de los compromisos provinciales.

Apenas conocida la noticia de la devaluación del peso, los radicales se pusieron a sacra números, y los hicieron circular rápidamente. A su vez, solicitaron al gobernador Pérez “el inmediato retiro del proyecto de presupuesto 2014 para ser reformulado”.

El ministro de Hacienda de la Provincia, Marcelo Costa, salió este lunes a relativizar la cuenta que hicieron los radicales. “Sin dudas que las deudas en dólares aumentaron, pero también reciberemos mayores ingresos por regalías petrolíferas y por el Fondo de la Soja”, interpretó Costa, quien se aventuró a afirmar que “seguramente el efecto en las cuentas públicas (de la devaluación) será neutro.

En relación al cuidado de los recursos provinciales, el Paco Pérez anunció en la tarde de este lunes vía Twitter que ha firmado un decreto “congelando” cualquier ingreso de personal al Estado, excepto con “expresa autorización del gobernador”.

Asimismo, indicó que en caso de que una persona haya dejado de ser contratada para pasar a planta permanente, ese cupo de contrato quedará bloqueado en forma inmediata. A su vez, afirmó que todos los funcionarios será “solidariamente responsables” en el caso de incumplimientos.

Por otra parte, Pérez indicó que serán suspendidos todos los adicionales que no estén contenidos en la negociación paritaria, y afirmó que de ahora en más el Estado considerará como causa de despido cualquier intento de fraude por parte de los empleados públicos que finjan estar enfermos para no ir a trabajar.

El decreto de Pérez, llega días después de una fuerte discusión con la oposición sobre la cantidad de empleados que han entrado al Estado en los últimos 6 años. Según datos elaborados por los radicales, se trata nada menos que de unos 26.000, es decir un 20% más que los que tenía la administración pública al final del mandato de Julio Cobos, en diciembre del 2007.

Desde el Gobierno, siempre se contestó con que “en la gestión Pérez, sólo se ha elevado el porcentaje de empleados en 2%”.

Lo cierto es que el gobernador parece haber acusado recibo de las críticas opositoras, y ha hecho público este decreto, que, posiblemente, también genere complicaciones –además del aumento a los policías y la devaluación– a la hora de sentarse con los gremios en paritarias.