La decisión de Sergio Urribarri de desentenderse del aumento acordado con los policías podría ser el inicio de una nueva protesta a nivel nacional, si es que varios gobernadores tampoco cumplen con el compromiso que asumieron para levantar la revuelta.

Urribarri se basó en una denuncia del procurador general a la policía local para dar de baja el aumento, decisión que ya causó la advertencia del líder policial de Concordia, donde la población se armó para prevenir los saqueos.

Las dudas que sobrevuelan en todas las provincias son sobre el alcance de los acuerdos salariales. “Esto es muy sencillo: los policías no saben ni lo que firmaron”, resume un legislador de una provincia en conflicto.

Como en la mayoría de los casos se habló de montos fijos, se espera que muchos gobernadores aprovechen para no incluirlos en los salarios básicos y ahorrarse las cargas sociales.

Claro que esa trampita plancha los salarios y las jubilaciones, un reclamo que hicieron los retirados bonaerenses durante la protesta en La Plata.

Sabían de lo que hablaban: Carlos Quintana, jefe de UPCN provincia y de diálogo permanente con Scioli, intentó calmar el reclamo de los estatales poniendo en duda el alcance del aumento policial: “Hay que ver de cuanto es el aumento real o si se trata sólo de actualización de horas Cores (extras)”, especuló, mientras sus pares de ATE cortaban las calles de La Plata.

En Mendoza, la discusión llegó a Tribunales: La Asociación Mutual para el personal policial (Amuppol) presentó un amparo.

“El aumento es ilegal, porque al no ser remunerativo es en negro y deja afuera a 6.000 policías: 5.000 retirados y 1.000 más que están en vías de jubilarse”, señaló el secretario general Omar Alcalde Piden que los $1.300 se otorguen en forma remunerativa.

En Santa Fe, Bonfatti frenó ese reclamo. Su secretario de Recursos Humanos de la provincia, Juan Carlos Pucciarelli, aclaró que los dos suplementos salariales “son y seguirán siendo remunerativos y bonificables, por lo que implicarán un traslado de la mejora a partir de enero a los pasivos del sector”.

Lo cierto es que ese debate recién se saldará la semana próxima, cuando estén depositados los salarios de todos los policías.

Se sabrá, también, si la rebelión de Urribarri fue un hacho aislado o tendrá imitadores. Un dato: en Tucumán, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, pidió investigar por sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los 400 policías que ocupan la subjefatura en rechazo al aumento dispuesto por el gobierno.

“Preguntale al gobernador”

La tensión por los pagos a la policía se vive en cada provincia y ya genera las primeras internas. La prueba la dio el diálogo que tuvo con LPO Guillermo Jenefres, vicegobernador de Jujuy y enlace entre la Gobernación y la policía antes de la protesta, que terminó con un muerto en la localidad de Perico.

-¿Creen que van a tener dinero suficiente para pagar los 8500 pesos que prometieron? –preguntó LPO

-No sé, preguntale al gobernador –respondió el ex senador, quien supo liderar actos de la policía en la plaza principal de la provincia pero durante el conflicto no controló nada.

El salario que le garantizó a la policía el gobernador Eduardo Fellner está muy por encima de lo que gana el resto de los empleados públicos, que llegan a percibir menos que un salario mínimo.

Lo mismo ocurre en La Rioja, donde el gobernador Luis Beder Herrera también prometió llevar el salario de los efectivos a 8 mil pesos.

Para evitar terminar el año con paros de estatales la hizo simple: les adelantó vacaciones a todos para la última quincena. La Rioja es la única provincia sin autonomía municipal por lo que una decisión así paralizó todos los municipios.

Beder Herrera recibió un adelanto de coparticipación ni bien cerró con la policía, al igual que el misionero Maurice Closs. Y a todos se les refinanció la deuda con Nación que tenían presupuestada para 2014. Aún así, hay que ver si les alcanza y si las protestas no se retoman.