Fue el epílogo de una de las causas judiciales más importantes en los últimos años de democracia. El Tribunal Oral Federal 3 decidió hoy absolver al ex presidente Fernando De la Rúa y a los otros siete acusados en la causa por presuntos sobornos para la tramitación en el Senado de la reforma laboral, en el año 2000.

Así lo entendieron los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, que consideraron que no se probó el presunto pago los $5 millones de pesos para la aprobación de la ley de reforma laboral, a pesar de la confesión de el secretario parlamentario Mario Pontaquarto, que también fue absuelto.

El fallo no sorprende, LPO había adelantado que no se podían probar las acusaciones del arrepentido Pontaquarto y que el juicio se caía.

Pero además de De la Rúa y Pontaquarto, el fallo también absolvió al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Fernando de Santibañes y cuatro ex senadores peronistas: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Télam.

Tell era presidente de la comisión de Trabajo en el Senado cuando se aprobó la ley laboral. Según Pontaquarto, había recibido $200 mil. Alasino fue quien apuntó directamente a Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, el ex senador sostuvo que la empresa dueña de la desaparecida Revista TXT, que publicó por primera vez la confesión de Pontaquarto, pertenecía en un 90% a una firma off shore uruguaya y vinculó esa publicación con Fernández.

En tanto, Costanzo fue involucrado por Pontaquarto, quien le asignó al ex senador justicialista la función de coordinador del pago de las supuestas coimas, y Ricardo Branda ex senador y más tarde vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA).

La confesión y el escándalo

El expediente se había iniciado cuando el ex secretario parlamentario Pontaquarto confesó que retiró de la ex SIDE dos bolsos con cinco millones de pesos/dólares para pagar sobornos a senadores para que aprueben en abril de 2000 la ley N° 25.250 de flexibilización laboral y que las coimas fueron autorizadas por De la Rúa en una reunión en Casa de Gobierno.

Pero a lo largo del juicio no apareció ningún testigo directo que haya visto el dinero de los sobornos. La única que pudo haber cambiado esta situación, la ex esposa de Pontaquarto Silvina Costalonga, pero el tribunal se negó a convocarla. Según el “arrepentido”, ella fue la única que vio los fajos de billetes que tuvo en su poder y que guardó durante días en su casa y trasladó luego a un hotel, hasta concretar el reparto del dinero la madrugada en que se aprobó la ley.

El caso reflotó un entramado en el que siempre aparecen los mismos personajes, entre ellos Alberto Fernández. La denuncia fue orquestada en tándem entre el ex jefe de Gabinete, la Revista 23; el abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre; Aníbal Ibarra, y ex funcionario ibarrista Daniel Bravo, hijo de Alfredo Bravo, recordado por presentar una falsa denuncia contra Enrique Olivera acusándolo de tener dos cuentas bancarias en el exterior.

Hoy, tras determinar la absolución de los acusados. El Tribunal ordenó investigar por falso testimonio a varios testigos, entre ellos a Ibarra, y dispuso que el Consejo de la Magistratura analice el accionar del juez Daniel Rafecas, quien ya está siendo sometido a pesquisa por su actuación en la causa Ciccone.

Así, la Justicia puso fin al juicio oral que había comenzado el 14 de agosto de 2012 en el edificio de Comodoro Py 2002, donde la causa se investigó desde comienzos del 2000, cuando comenzaron los rumores de los supuestos sobornos pagados para la aprobación de una ley de flexibilidad laboral.

El escándalo de los sobornos en el Senado se inició en el 2000 como un rumor en el Congreso y fue motorizado por el entonces presidente Carlos "Chacho" Alvarez, quien terminó renunciado a su cargo luego de pedir, sin éxito, la salida del jefe de la SIDE, De Santibañes.

Según ese rumor, senadores disidentes exigían al pago de coimas a cambio de aprobar la ley de reforma laboral impulsada por la Alianza.

Pero recién se activó en 2003 con la aparición de Pontaquarto que, en declaraciones periodísticas, se mostró como el gran "arrepentido" diciendo que él había sido el que había llevado las valijas desde la SIDE hasta efectuar los supuestos pagos a los senadores.

El caso estalló en la revista Tres Puntos, propiedad del empresario Hugo Sigman, un íntimo de los Kirchner con particular simpatía por Cristina a quien acompañó en dos viajes de Estado a España y China junto a la comitiva presidencial. El empresario es además propietario de Biogénesis-Bagó, la Editorial Capital intelectual y CEO de Grupo Insud.

En tanto, el dirigente camionero Hugo Moyano, hoy jefe de la CGT opositora, había abonado el supuesto delito al afirmar, tanto antes como durante el juicio, que había escuchado decir a Flamarique que para que los senadores aprobaran la reforma tenía "la Banelco", en alusión a una de las tarjetas con la que se saca dinero de los cajeros automáticos.