El empresario kirchnerista Lázaro Báez presentó un amparo en la Justicia para que prohíba a los medios de comunicación que publiquen información acerca de los negocios que tiene con los hoteles de la familia Kirchner en El Calafate.

Según explicó el periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló que Báez le pagó casi millones de pesos a los Kirchner en concepto de "alquiler" de tres hoteles, el santacruceño "pidió una cautelar para 'resguardar la confidencialidad de la información contable y comercial' de la gerenciadora de hoteles", la firma Valle Mitre SA.

El pedido de mordaza de Báez incluye a "organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información".

Todos ellos deberían "abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente", es decir los hoteles propiedad de los Kirchner.

El escrito presentado por el abogado Juan Pablo Gregori le exige a la Justicia que determine "la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público".

De acuerdo a lo que expresó Alconada en su cuenta de Twitter, "Báez sospecha que obtuve la información desde adentro de la AFIP o de la UIF", por lo que sostiene en el amparo que "no se puede descartar pago de sobornos a funcionarios".

Al respecto, Gregori sostiene que en las notas sobre el tema “se hace referencia a registros contables a los que sólo puede haberse tenido acceso en el contexto de una verificación impositiva o que obran en poder del organismo recaudador”. Más adelante, el abogado dice que “sólo en el organismo recaudador puede encontrarse información con el nivel de detalle y apertura como el que puede apreciarse en las notas”.

En ese sentido, la presentación indica que “podríamos estar en presencia de la comisión del delito previsto en el art. 157 del Código Penal, en función del art. 101 de la Ley 11.683, y/o del delito previsto en el art. 14 de la Ley 25.246”. Todas esas normas refieren a la violación de los secretos establecidos por ley, como el referido a la información fiscal.

Finalmente, el abogado requiere que la cautelar sea dictada con urgencia ya que "cada día, cada hora, que transcurre sin que esta información ilícitamente obtenida sea quitada de los medios, agranda los perjuicios ocasionados a mi mandante", Báez.