19 de abril, 2024
Escándalo por una denuncia de acoso sexual en la Comisión Provincial por la Memoria
Una denuncia de acoso sexual salpica uno de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos de la Provincia. La acusación, por acoso sexual a una de las trabajadoras, recae sobre Alejandro Mosquera, miembro honorario del organismo y ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Dentro del organismo existen diferentes posturas.
Un escándalo interno amenaza con poner en crisis una de las instituciones más prestigiosas de Derechos Humanos de la Provincia. Una denuncia de acoso sexual recae sobre Alejandro Mosquera, secretario Ejecutivo y miembro honorario del organismo.
La denuncia, que aún no tiene carácter judicial, fue presentada por una de las trabajadoras -a través del colectivo feminista La Revuelta- hacia el interior de la institución. La denuncia fue confirmada a La Política Online por una de las integrantes de la asociación.
A instancias de la presentación, los restantes miembros de la Comisión resolvieron otorgar a Mosquera una licencia con goce de sueldo.
“No voy a decir absolutamente nada sobre eso”, fue la respuesta de Hugo Cañon, uno de los presidentes de la institución ante una consulta de LPO. El abogado no quiso hablar del tema aunque ante una pregunta formal no desmintió la denuncia.
LPO intentó comunicarse con Mosquera pero no respondió los teléfonos. Incluso se llamó a la propia Comisión pidiendo un contacto con el acusado.
Posturas divididas dentro del Organismo
En el organismo las posturas están divididas. Existen quienes sostienen que Mosquera tiene que apartarse de la Comisión justamente para proteger la institución y, por otro lado, existen quienes prefieren “bancar” al ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense desechando la gravedad de la denuncia.
Dentro de la Comisión se viven momentos de tensión. Su último pronunciamiento público fue un comunicado fechado el viernes 26 de julio a través del cual la Comisión reclamó el apartamiento de César Milani como Jefe del Estado Mayor del Ejército. Allí aparecía la firma de Mosquera a pesar que el escándalo por la denuncia ya había estallado dentro del organismo.
Ese pronunciamiento generó todo un debate interno y se logró recién tras la posición del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige Horacio Verbitsky. El debate y la tensión interna tiene que ver con la compleja conformación del organismo donde confluyen militantes de La Cámpora con referentes de Derechos Humanos críticos del kirchenrismo.
La denuncia
La denuncia, según explicó Ruth Zurbriggem, parte de La Revuelta, a LPO fue presentada el 2 de julio de este año por “una situación de acoso sexual y laboral contra una trabajadora de la Comisión”.
Desde la organización explican que presentaron un escrito ante la comisión directiva del organismo de Derechos Humanos acompañada de una carta pública a la asamblea de trabajadores.
“La asamblea no duda en ningún momento de la denuncia y exige a la Comisión Directiva que separe del cargo a Mosquera y que se lo desvincule como representante del organismo en cualquier instancia pública”, explica Zurbriggem.
“Buscamos que exista una reparación hacia el interior del organismo. Queremos una investigación sobre Mosquera y que se adopten medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, agrega la docente.
La denuncia aparece en medio de tensiones dentro de la institución por el posicionamiento político frente al gobierno nacional. Allí, conviven el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, un crítico del kirchnerismo; Hugo Cañón, un hombre de Martín Sabbatella. Más abajo, en las segundas filas, funcionarios vinculados a La Cámpora junto con otros vinculados a organismos de Derechos Humanos alejados del Gobierno nacional.
Desde el sciolismo señalaron una y otra vez que Mosquera también responde al titular del Afsca. Sin embargo, fuentes de Nuevo Encuentro desmintieron de plano esa vinculación política.
Mosquera formó parte del Partido Comunista. Más tarde del Frente Grande, Mosquera fue presidente de la Cámara de Diputados bonaerense en los años que Fernando de La Rúa era presidente. Además fue presidente de la bancada del Frepaso.
Mantienen un enfrentamiento con el gobierno provincial. “Ellos se convirtieron en operadores de la política de Seguridad bonaerense y desvirtuaron los objetivos por el cual la Comisión fue creada”, explican en el sciolismo.
Lo cierto es que la Legislatura no tiene control de los fondos que el gobierno provincial le asigna a la Comisión. Inicialmente existía una comisión bicameral que auditaba el dinero pero eso fue eliminado a través de una ley promovida por el diputado Fernando “Chino” Navarro durante el gobierno de Felipe Solá.
En la Legislatura existe un borrador de un proyecto de ley que le quita a la Comisión la independencia que hoy ostenta. Ese borrador auditaría los fondos que se gastan como también le impondría un esquema diferente de autoridades.
Por ahora, el borrador está cajoneado. “Creemos que es un debate que es interesante dar”, dicen en el sciolismo. Según fuentes sciolistas el proyecto podría avanzar si desde el organismo se embiste contra Daniel Scioli como sucedió en los últimos años, en consonancia con la llegada de Gabriel Mariotto al Senado.
La denuncia, que aún no tiene carácter judicial, fue presentada por una de las trabajadoras -a través del colectivo feminista La Revuelta- hacia el interior de la institución. La denuncia fue confirmada a La Política Online por una de las integrantes de la asociación.
A instancias de la presentación, los restantes miembros de la Comisión resolvieron otorgar a Mosquera una licencia con goce de sueldo.
“No voy a decir absolutamente nada sobre eso”, fue la respuesta de Hugo Cañon, uno de los presidentes de la institución ante una consulta de LPO. El abogado no quiso hablar del tema aunque ante una pregunta formal no desmintió la denuncia.
LPO intentó comunicarse con Mosquera pero no respondió los teléfonos. Incluso se llamó a la propia Comisión pidiendo un contacto con el acusado.
Posturas divididas dentro del Organismo
En el organismo las posturas están divididas. Existen quienes sostienen que Mosquera tiene que apartarse de la Comisión justamente para proteger la institución y, por otro lado, existen quienes prefieren “bancar” al ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense desechando la gravedad de la denuncia.
Dentro de la Comisión se viven momentos de tensión. Su último pronunciamiento público fue un comunicado fechado el viernes 26 de julio a través del cual la Comisión reclamó el apartamiento de César Milani como Jefe del Estado Mayor del Ejército. Allí aparecía la firma de Mosquera a pesar que el escándalo por la denuncia ya había estallado dentro del organismo.
Ese pronunciamiento generó todo un debate interno y se logró recién tras la posición del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige Horacio Verbitsky. El debate y la tensión interna tiene que ver con la compleja conformación del organismo donde confluyen militantes de La Cámpora con referentes de Derechos Humanos críticos del kirchenrismo.
La denuncia
La denuncia, según explicó Ruth Zurbriggem, parte de La Revuelta, a LPO fue presentada el 2 de julio de este año por “una situación de acoso sexual y laboral contra una trabajadora de la Comisión”.
Desde la organización explican que presentaron un escrito ante la comisión directiva del organismo de Derechos Humanos acompañada de una carta pública a la asamblea de trabajadores.
“La asamblea no duda en ningún momento de la denuncia y exige a la Comisión Directiva que separe del cargo a Mosquera y que se lo desvincule como representante del organismo en cualquier instancia pública”, explica Zurbriggem.
“Buscamos que exista una reparación hacia el interior del organismo. Queremos una investigación sobre Mosquera y que se adopten medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, agrega la docente.
La denuncia aparece en medio de tensiones dentro de la institución por el posicionamiento político frente al gobierno nacional. Allí, conviven el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, un crítico del kirchnerismo; Hugo Cañón, un hombre de Martín Sabbatella. Más abajo, en las segundas filas, funcionarios vinculados a La Cámpora junto con otros vinculados a organismos de Derechos Humanos alejados del Gobierno nacional.
Desde el sciolismo señalaron una y otra vez que Mosquera también responde al titular del Afsca. Sin embargo, fuentes de Nuevo Encuentro desmintieron de plano esa vinculación política.
Mosquera formó parte del Partido Comunista. Más tarde del Frente Grande, Mosquera fue presidente de la Cámara de Diputados bonaerense en los años que Fernando de La Rúa era presidente. Además fue presidente de la bancada del Frepaso.
Mantienen un enfrentamiento con el gobierno provincial. “Ellos se convirtieron en operadores de la política de Seguridad bonaerense y desvirtuaron los objetivos por el cual la Comisión fue creada”, explican en el sciolismo.
Lo cierto es que la Legislatura no tiene control de los fondos que el gobierno provincial le asigna a la Comisión. Inicialmente existía una comisión bicameral que auditaba el dinero pero eso fue eliminado a través de una ley promovida por el diputado Fernando “Chino” Navarro durante el gobierno de Felipe Solá.
En la Legislatura existe un borrador de un proyecto de ley que le quita a la Comisión la independencia que hoy ostenta. Ese borrador auditaría los fondos que se gastan como también le impondría un esquema diferente de autoridades.
Por ahora, el borrador está cajoneado. “Creemos que es un debate que es interesante dar”, dicen en el sciolismo. Según fuentes sciolistas el proyecto podría avanzar si desde el organismo se embiste contra Daniel Scioli como sucedió en los últimos años, en consonancia con la llegada de Gabriel Mariotto al Senado.
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Denuncia contra Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincia por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Ante las dilaciones y el ninguneo constante de la CPM, reafirmamos:
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS
El 3 de Julio de este año, presentamos una denuncia a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, acusando al Secretario Ejecutivo, Alejandro Mosquera, de acoso sexual y laboral perpetuada con quien ocupara el cargo de secretaria privada del mismo. Desde la Colectiva Feminista La Revuelta, asesoramos legalmente a la denunciante y nos constituimos como sus representantes ante dicha CPM.
El 7 de julio, la CPM decide iniciar "actuaciones administrativas internas" a Alejandro Mosquera ante la denuncia presentada, y en una resolución firmada por miembros de la Comisión se decide "Disponer la licencia del Secretario Ejecutivo –con goce de sueldo-, hasta tanto culmine el procedimiento administrativo interno".
Pasaron casi 4 meses. A la fecha tenemos conocimiento de un dictamen de actuación sumarial del Dr. Szmulker. El mismo aún no llegó a ninguna resolución concreta. El sumariante no reconoce los hechos denunciados como de acoso laboral y sexual. En un apartado del dictamen escribe: “los hechos descriptos en la denuncia y no desmentidos por el denunciado, podrían configurar, a criterio de esta Instrucción, una falta de respeto para con una dependiente jerárquica”. Describe posibles sanciones de la Ley 14.320 que van desde el apercibimiento o suspensión (sanciones correctivas) a la cesantía (la otra medida expulsiva que contempla la ley es la exoneración).
Más allá de las apreciaciones que tenemos sobre las definiciones de fondo del instructor sumariante en relación a los hechos de acoso sexual y laboral vivenciados por la víctima, destacamos que se desprende la posibilidad de SANCIONAR A ALEJANDRO MOSQUERA. Es la CPM en la figura de su Comisión Directiva quien debe resolver la sanción.
Vale decir que a la fecha no se presentó la denuncia penal, dado que siendo la CPM un organismo con una exigua trayectoria en la exigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos apostábamos a definiciones que prefiguren acciones reparatorias para que la impunidad no se cierna allí, en un organismo donde su razón de existencia cotidiana es el reclamo de justicia.
Lamentamos decir que a lo largo de estos casi 4 meses desde la CPM desconocieron nuestra representación legal ante la víctima, ya que la última información que hemos obtenido sobre la marcha de las actuaciones administrativas resulta del accionar solidario de quienes comprometidos con sancionar el sexismo y el abuso de poder, vislumbran la importancia de esta causa. Esto es grave. Es muy grave en un organismo como la CPM que tanto ha tenido que hacer para que la invisibilización, negación y desmemoria no se ciernan contra los derechos humanos de la ciudadanía.
Escribimos esta carta abierta, a una semana de haber viajado especialmente a La Plata para que personal directivo de la CPM nos entregara copia del expediente abierto y poder así revisar fundamentos y ejercer el derecho de la víctima a participar en las actuaciones administrativas. La respuesta al pedido de copias, y lo actuado en el trámite del sumario, ha sido un hermético silencio. Negarle el derecho a la denunciante conocer sobre el desarrollo del proceso abierto es cuanto menos violencia institucional desde la Ley Nacional 26.485 que rige en este país.
Las feministas de La Revuelta sabemos que el silencio no es signo de buena salud. Contribuye a la impunidad. Hoy hacemos pública esta situación en pos de denunciar que los derechos humanos de una trabajadora de la CPM vienen siendo violentados. En su momento por Alejandro Mosquera, hoy ante el ninguneo y la inacción de la CPM. Lamentable y repudiable.
El acoso sexual y laboral no es un invento. Resultan delitos cometidos contra los cuerpos (especialmente de mujeres), y se manifiestan de maneras más o menos sutiles a veces, de manera brutal, otras. Reconocerlos implica un ejercicio subjetivo de profundo sufrimiento para las víctimas, quienes en general enfrentan la vergüenza y el temor sobre lo que la denuncia trae aparejada. El acoso sexual y laboral implica relaciones jerárquicas y desigualadas de poder. Aprender a escuchar de manera desprejuiciada a quienes denuncian implica la tarea de revisión de cuánto de los patrones patriarcales siguen haciendo mella en las mentalidades y en la cultura que producimos y reproducimos en todos los ámbitos e instituciones.
Ante la denuncia por acoso laboral y sexual contra Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria en uso de licencia con goce de sueldo, exigimos que se terminen las dilaciones y la impunidad. Exigimos justicia. Justicia que ayude a reparar los daños causados. Justicia que colabore en la construcción de sensibilidades éticas capaces de reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Colectiva Feminista La Revuelta
Desde Neuquén (Patagonia Argentina)
30 de octubre de 2013.
Contactos de prensa:
Graciela Alonso: 0299-154380036
Ruth Zurbriggen: 0299-154282357
Denuncia contra Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincia por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Ante las dilaciones y el ninguneo constante de la CPM, reafirmamos:
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS
El 3 de Julio de este año, presentamos una denuncia a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, acusando al Secretario Ejecutivo, Alejandro Mosquera, de acoso sexual y laboral perpetuada con quien ocupara el cargo de secretaria privada del mismo. Desde la Colectiva Feminista La Revuelta, asesoramos legalmente a la denunciante y nos constituimos como sus representantes ante dicha CPM.
El 7 de julio, la CPM decide iniciar "actuaciones administrativas internas" a Alejandro Mosquera ante la denuncia presentada, y en una resolución firmada por miembros de la Comisión se decide "Disponer la licencia del Secretario Ejecutivo –con goce de sueldo-, hasta tanto culmine el procedimiento administrativo interno".
Pasaron casi 4 meses. A la fecha tenemos conocimiento de un dictamen de actuación sumarial del Dr. Szmulker. El mismo aún no llegó a ninguna resolución concreta. El sumariante no reconoce los hechos denunciados como de acoso laboral y sexual. En un apartado del dictamen escribe: “los hechos descriptos en la denuncia y no desmentidos por el denunciado, podrían configurar, a criterio de esta Instrucción, una falta de respeto para con una dependiente jerárquica”. Describe posibles sanciones de la Ley 14.320 que van desde el apercibimiento o suspensión (sanciones correctivas) a la cesantía (la otra medida expulsiva que contempla la ley es la exoneración).
Más allá de las apreciaciones que tenemos sobre las definiciones de fondo del instructor sumariante en relación a los hechos de acoso sexual y laboral vivenciados por la víctima, destacamos que se desprende la posibilidad de SANCIONAR A ALEJANDRO MOSQUERA. Es la CPM en la figura de su Comisión Directiva quien debe resolver la sanción.
Vale decir que a la fecha no se presentó la denuncia penal, dado que siendo la CPM un organismo con una exigua trayectoria en la exigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos apostábamos a definiciones que prefiguren acciones reparatorias para que la impunidad no se cierna allí, en un organismo donde su razón de existencia cotidiana es el reclamo de justicia.
Lamentamos decir que a lo largo de estos casi 4 meses desde la CPM desconocieron nuestra representación legal ante la víctima, ya que la última información que hemos obtenido sobre la marcha de las actuaciones administrativas resulta del accionar solidario de quienes comprometidos con sancionar el sexismo y el abuso de poder, vislumbran la importancia de esta causa. Esto es grave. Es muy grave en un organismo como la CPM que tanto ha tenido que hacer para que la invisibilización, negación y desmemoria no se ciernan contra los derechos humanos de la ciudadanía.
Escribimos esta carta abierta, a una semana de haber viajado especialmente a La Plata para que personal directivo de la CPM nos entregara copia del expediente abierto y poder así revisar fundamentos y ejercer el derecho de la víctima a participar en las actuaciones administrativas. La respuesta al pedido de copias, y lo actuado en el trámite del sumario, ha sido un hermético silencio. Negarle el derecho a la denunciante conocer sobre el desarrollo del proceso abierto es cuanto menos violencia institucional desde la Ley Nacional 26.485 que rige en este país.
Las feministas de La Revuelta sabemos que el silencio no es signo de buena salud. Contribuye a la impunidad. Hoy hacemos pública esta situación en pos de denunciar que los derechos humanos de una trabajadora de la CPM vienen siendo violentados. En su momento por Alejandro Mosquera, hoy ante el ninguneo y la inacción de la CPM. Lamentable y repudiable.
El acoso sexual y laboral no es un invento. Resultan delitos cometidos contra los cuerpos (especialmente de mujeres), y se manifiestan de maneras más o menos sutiles a veces, de manera brutal, otras. Reconocerlos implica un ejercicio subjetivo de profundo sufrimiento para las víctimas, quienes en general enfrentan la vergüenza y el temor sobre lo que la denuncia trae aparejada. El acoso sexual y laboral implica relaciones jerárquicas y desigualadas de poder. Aprender a escuchar de manera desprejuiciada a quienes denuncian implica la tarea de revisión de cuánto de los patrones patriarcales siguen haciendo mella en las mentalidades y en la cultura que producimos y reproducimos en todos los ámbitos e instituciones.
Ante la denuncia por acoso laboral y sexual contra Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria en uso de licencia con goce de sueldo, exigimos que se terminen las dilaciones y la impunidad. Exigimos justicia. Justicia que ayude a reparar los daños causados. Justicia que colabore en la construcción de sensibilidades éticas capaces de reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Colectiva Feminista La Revuelta
Desde Neuquén (Patagonia Argentina)
30 de octubre de 2013.
Contactos de prensa:
Graciela Alonso: 0299-154380036
Ruth Zurbriggen: 0299-154282357
Denuncia contra Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincia por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Ante las dilaciones y el ninguneo constante de la CPM, reafirmamos:
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS
El 3 de Julio de este año, presentamos una denuncia a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, acusando al Secretario Ejecutivo, Alejandro Mosquera, de acoso sexual y laboral perpetuada con quien ocupara el cargo de secretaria privada del mismo. Desde la Colectiva Feminista La Revuelta, asesoramos legalmente a la denunciante y nos constituimos como sus representantes ante dicha CPM.
El 7 de julio, la CPM decide iniciar "actuaciones administrativas internas" a Alejandro Mosquera ante la denuncia presentada, y en una resolución firmada por miembros de la Comisión se decide "Disponer la licencia del Secretario Ejecutivo –con goce de sueldo-, hasta tanto culmine el procedimiento administrativo interno".
Pasaron casi 4 meses. A la fecha tenemos conocimiento de un dictamen de actuación sumarial del Dr. Szmulker. El mismo aún no llegó a ninguna resolución concreta. El sumariante no reconoce los hechos denunciados como de acoso laboral y sexual. En un apartado del dictamen escribe: “los hechos descriptos en la denuncia y no desmentidos por el denunciado, podrían configurar, a criterio de esta Instrucción, una falta de respeto para con una dependiente jerárquica”. Describe posibles sanciones de la Ley 14.320 que van desde el apercibimiento o suspensión (sanciones correctivas) a la cesantía (la otra medida expulsiva que contempla la ley es la exoneración).
Más allá de las apreciaciones que tenemos sobre las definiciones de fondo del instructor sumariante en relación a los hechos de acoso sexual y laboral vivenciados por la víctima, destacamos que se desprende la posibilidad de SANCIONAR A ALEJANDRO MOSQUERA. Es la CPM en la figura de su Comisión Directiva quien debe resolver la sanción.
Vale decir que a la fecha no se presentó la denuncia penal, dado que siendo la CPM un organismo con una exigua trayectoria en la exigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos apostábamos a definiciones que prefiguren acciones reparatorias para que la impunidad no se cierna allí, en un organismo donde su razón de existencia cotidiana es el reclamo de justicia.
Lamentamos decir que a lo largo de estos casi 4 meses desde la CPM desconocieron nuestra representación legal ante la víctima, ya que la última información que hemos obtenido sobre la marcha de las actuaciones administrativas resulta del accionar solidario de quienes comprometidos con sancionar el sexismo y el abuso de poder, vislumbran la importancia de esta causa. Esto es grave. Es muy grave en un organismo como la CPM que tanto ha tenido que hacer para que la invisibilización, negación y desmemoria no se ciernan contra los derechos humanos de la ciudadanía.
Escribimos esta carta abierta, a una semana de haber viajado especialmente a La Plata para que personal directivo de la CPM nos entregara copia del expediente abierto y poder así revisar fundamentos y ejercer el derecho de la víctima a participar en las actuaciones administrativas. La respuesta al pedido de copias, y lo actuado en el trámite del sumario, ha sido un hermético silencio. Negarle el derecho a la denunciante conocer sobre el desarrollo del proceso abierto es cuanto menos violencia institucional desde la Ley Nacional 26.485 que rige en este país.
Las feministas de La Revuelta sabemos que el silencio no es signo de buena salud. Contribuye a la impunidad. Hoy hacemos pública esta situación en pos de denunciar que los derechos humanos de una trabajadora de la CPM vienen siendo violentados. En su momento por Alejandro Mosquera, hoy ante el ninguneo y la inacción de la CPM. Lamentable y repudiable.
El acoso sexual y laboral no es un invento. Resultan delitos cometidos contra los cuerpos (especialmente de mujeres), y se manifiestan de maneras más o menos sutiles a veces, de manera brutal, otras. Reconocerlos implica un ejercicio subjetivo de profundo sufrimiento para las víctimas, quienes en general enfrentan la vergüenza y el temor sobre lo que la denuncia trae aparejada. El acoso sexual y laboral implica relaciones jerárquicas y desigualadas de poder. Aprender a escuchar de manera desprejuiciada a quienes denuncian implica la tarea de revisión de cuánto de los patrones patriarcales siguen haciendo mella en las mentalidades y en la cultura que producimos y reproducimos en todos los ámbitos e instituciones.
Ante la denuncia por acoso laboral y sexual contra Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria en uso de licencia con goce de sueldo, exigimos que se terminen las dilaciones y la impunidad. Exigimos justicia. Justicia que ayude a reparar los daños causados. Justicia que colabore en la construcción de sensibilidades éticas capaces de reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Colectiva Feminista La Revuelta
Desde Neuquén (Patagonia Argentina)
30 de octubre de 2013.
Contactos de prensa:
Graciela Alonso: 0299-154380036
Ruth Zurbriggen: 0299-154282357
En cualquier caso la cuestión del abuso sexual o intento es aberrante y de confirmarse debe ser castigado.
Saludos