01.06.2013
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Indagarán a Báez por una presunta extorsión al financista Elaskar
La jueza de instrucción María Gabriela Lanz decidió indagar al empresario Lázaro Báez y a varias personas de su entorno por el supuesto delito de extorsión en contra del ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar. 
La causa es impulsada por el fiscal José María Campagnolli, que investiga si efectivamente Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y otros integrantes de las sociedades que creó el empresario kirchnerista presionaron a Elaskar para que vendiera la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", según señala el diario La Nación.

En el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata, Elaskar denunció el 14 de abril a Báez y a Pérez Gadín de lavar dinero, y reveló que este último lo obligó a desprenderse de "La Rosadita", bajo la amenaza de que podría terminar muerto, como le ocurrió al empresario Sebastián Forza en 2008.

Los cruces que ahora desembocan en este llamado a indagatoria, sin embargo, comenzaron casi dos años antes, cuando Báez denunció a Elaskar por estafa.

Pero el fiscal Campagnolli, luego de una minuciosa investigación, llegó a conclusiones contrarias: es Elaskar quien habría sido amenazado por el grupo Báez para que le vendiera "La Rosadita" y, segundo, que este empresario, que parece haber crecido al amparo de Néstor y Cristina Kirchner, habría creado alrededor suyo un entramado de más de 200 sociedades comerciales.

La causa que lleva adelante Lanz es paralela a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello contra Báez, Elaskar y Leonardo Fariña, por asociación ilícita y lavado de dinero. El supuesto valijero de Báez y el financista serán indagados por Casanello el lunes, a las 10, en los tribunales de Comodoro Py.

Hay una tercera causa que involucra a Báez, por la supuesta existencia de dinero y armas en una bóveda de una de las casas que tiene el empresario en Río Gallegos.

Sin embargo, este expediente, que se inició con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, está más retrasado: sólo la semana próxima la Cámara Federal porteña estará en condiciones de definir si la investigación debe ser llevada adelante por Casanello en la Capital o si debe tramitarse en el juzgado federal de Río Gallegos.

"Si no vendés, vas a terminar como Sebastián Forza", le habría dicho Pérez Gadín a Elaskar, recordándole el destino de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez, hace cinco años.

El fiscal Campagnolli habría probado que Elaskar fue obligado a vender las acciones de SGI en el primer trimestre el 2011, tal como se señala en las actas de directorios de la empresa, entre otras pruebas de las que existiría copia en el juzgado.

Los dichos de Elaskar en Periodismo para todos también están citados como prueba, pero lo importante sería la coincidencia de las declaraciones de Elaskar con los detalles que surgen de la documentación secuestrada por Campagnolli y Lanz.

La decisión de la jueza de avanzar con las indagatorias comprende a Báez y a Pérez Gadín, Jorge Norberto Cerroto -un ex funcionario de Enarsa que también trabajaba en "La Rosadita"-, Eduardo Castro, César Fernández, Alejandra Ons Costa, Juan Ignacio Pisano Costa, Jorge Chueca, Cristian Martín dell Quadri y Néstor Marcelo Ramos.

En la misma causa, Campagnolli pidió también informes a Suiza y a Panamá sobre todos los bienes de sociedades presuntamente vinculadas al empresario, entre los que aparecen varias sociedades y una cuenta a nombre de Martín Báez, el hijo del empresario.

Campagnolli, en el dictamen que ahora recoge la jueza, describió parte de esa trama societaria, supuestamente usada por Báez para lavar dinero negro obtenido por medio de un complejo esquema de firmas vinculadas entre sí. Aunque, como se dijo, hasta hace pocas semanas no se conocía la existencia de esta causa judicial.

En el desarrollo de esa estructura, dijo el fiscal Campagnolli, habrían existido dos períodos. El primero, desde 2002 hasta 2010, una semana antes de la muerte del ex presidente Kirchner. Esta trama incluye 148 compañías creadas en Nevada, Estados Unidos, a razón de una por semana, comandadas por una firma desde el paraíso fiscal de las islas Seychelles. La segunda etapa del blanqueo, en la que comienza a intervenir la financiera SGI, involucraría a 55 firmas radicadas en España, Uruguay, el Reino Unido, Irlanda, Nueva
Zelanda, Panamá y Suiza.

Todas estas firmas tienen una empresa madre en común: Helvetic SG, con sede en Suiza. Es la empresa que se quedó con el control de SGI, que según Elaskar y las evidencias que reunió el fiscal Campagnolli, pertenecería a Báez. Por eso, entre los citados a indagatoria, la jueza Lanz también convocó a los directivos de varias de esas sociedades.
 
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