El ingenio La Esperanza, en San Pedro, Jujuy, es el sostén de unas 1800 familias. Fundado en 1883, en los comienzos de la década del 90 fue prácticamente desguazada y los malos manejos del Grupo Jorge y Figuerora lo llevaron a la quiebra.

Desde ese momento, a través de un síndico, el ingenio fue pasando de mano en mano bajo la figura de arrendamiento. El último grupo inversor que se hizo cargo de la planta fue el de Benito Roggio, en 2010. Según señala propia página del grupo, “el ingenio cuenta con un total de 70.000 hectáreas de las cuales 7.800 están plantadas con caña y otras 4.000 que se encuentran en proceso de preparación para plantación”.

Sin embargo, a partir de enero la situación cambió. Roggio comenzó a buscar socios para afrontar la campaña de este año por falta de fondos pero como no acordó con otros inversores anunció que dejará el ingenio a partir del 31 de marzo.

A partir de allí los trabajadores iniciaron una serie de protestas que incluyó en febrero el corte de los accesos a San Pedro.

Para no repetir lo ocurrido con la minera Vale, que abandonó el proyecto de extracción de potasio en Mendoza, desde el gobierno de Eduardo Fellner comenzaron las negociaciones para aportarle un socio a Roggio o bien encontrar una empresa que se haga cargo del Ingenio.

También el Gobierno nacional quedó involucrado en el conflicto. Esta semana hubo reuniones en Buenos Aires entre funcionarios del Ministerio de Agricultura, enviados de Fellner y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA). Esta tarde estaba previsto otra comunicación telefónica.

En ese lapso hubo una oferta de la empresa Gloria (que explota el ingenio de San Isidro) de alrededor de 50 millones de dólares para hacerse cargo de la planta pero sin garantizar la continuidad laboral de todos los trabajadores, algo que fue desechado por el gobierno de Fellner.

“Desde el Gobierno provincial nos dicen que están trabajando en esto pero muy poco dicen. Ellos salieron a transmitir que vamos a trabajar conjuntamente y que está garantizada la zafra pero no tenemos los elementos”, le dijo a La Política Online Raúl Ortíz, titular del SOEA de La Esperanza.

¿Estatización encubierta?

Mientras se resuelve la continuidad laboral, los trabajadores piden más acción del Estado. Según denuncian desde el SOEA, Roggio desmanteló la planta, echó a unos 500 empleados y llevó la calidad del azúcar “a la miseria”. “Queremos que nos devuelvan la planta como estaba”, señaló Ruiz.

En ese sentido, desde la CTA recordaron que “el Estado Provincial es el principal acreedor de La Esperanza con una participación de aproximadamente 85% en la deuda”. Por eso, los trabajadores reclaman que el gobierno de Fellner tome las riendas.

“No decimos una estatización pero el Gobierno provincial es el principal actor. Debería hacer una propuesta para que se garantice la continuidad laboral de los trabajadores”, le dijo a LPO el titular de la CTA local, José Del Frari.