El pasado 12 de abril se conoció que una pareja obtuvo un premio de $ 39 millones en una tragamonedas del bingo de Adrogué, situación que rápidamente generó polémica ya que los responsables de la sala de entretenimientos se negaron a pagar esa cifra, y ofrecieron apenas $ 5.000. Atribuyeron lo ocurrido a un error en el sistema del control on line.

La situación no sería un caso aislado ya que, en 2006, hubo un episodio muy similar en el bingo de Lomas del Mirador. Algunos hablar de un "error" en el sistema, pero con este último escándalo se habría confirmado una maniobra destinada a eludir el suministro de información al ente regulador de juego y consecuente, disminuir los ingresos a la Provincia por aportes fiscales.

Sin embargo, en la industria del juego de habla de millonarios retornos mensualizados que explicarían la notoria inoperancia de las autoridades provinciales para fiscalizar las máquinas tragamonedas de los bingos.

Status quo que la pelea del kirchnerismo con Scioli amenaza a saltar por los aires ya que entre los seguidores de Gabriel Mariotto y de La Cámpora crece la bronca porque perciben que se están quedando afuera de uno de los negocios más redituables de la provincia que explicaría gran parte del financiamiento de a política provincial.

la situación es tan conocida que hasta se comentan abiertamente las cifras mensuales que aporta cada sector de esta industria.

Por eso, Mariotto intentó meterse por la ventana en este negocio a través de una extravagante alianza con las agencias hípicas -el sector mas informal y menos relevante de la industria- y los "capitalistas" Roberto "lujanero" Lafont y Alfredo Martínez.

En este entramado de negocios, la bronca de los bingueros con Boldt crece porque comentan que a raíz de su pelea con el vicepresidente Amado Boudou, toda la industria de juego de la provincia quedó bajo la lupa y ahora entro en la discusión la real fiscalización de sus tragamonedas, que dista de ser eficiente.

Una política de puertas abiertas

El software informático que se utiliza para realizar un seguimiento on line de las maquinitas durante las 24 horas, otorga por ley $ 5 de cada $ 100 que se juegan al Estado, mientras el operador privado obtiene $ 10. Los $85 restantes se usan para pagar premios.

El mecanismo fraudulento consiste en “tocar” las máquinas de manera tal que reporten al ente regulador del juego la señal de "puerta abierta" -esto es que la máquina está en revisión y por lo tanto fuera de servicio- pero en realidad continúa jugando. Una maniobra que afecta el erario público e influye luego en el aporte fiscal correspondiente. Este truco saltó a la vista cuando los técnicos de la fábricante de las maquinitas IGP fue a revisar el tragamonedas de Adrogué y se "encontró" con la novedad que el tragamonedas estaba desconectado del Programa Integral de Control y Monitoreo de Salas de Juego.

Lejos de ser un caso aislado, se trataría de una política estructural, avalada por el poder político.

El escándalo ahora salpica a la mariottista Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que, según reveló hoy el diario Hoy, a través de la Facultad de Informática, tiene un convenio desde el año 2003 para realizar auditorías tecnológicas del sistema de contralor de tragamonedas. Se trata de un contrato global que, según dijo al matutino el diputado provincial Mauricio D’Alessandro, ascendería a $ 25 millones anuales, equivalente al 0,8 por ciento de la recaudación.

En el caso de las tragamonedas, el sistema de control más difundido es el denominado “Sol2000” desarrollado por la empresa Sielcon, que también tiene convenio con la UNLP.

“A partir de lo ocurrido en Adrogué, los damnificados, que se quedaron sin cobrar el premio indicado por las máquinas, están en condiciones de iniciarle una demanda millonaria al operador privado (los italianos Eugenio San Gregorio y Pascual Isabella), a la UNLP, a Sielcon y al Club Brown de Adrogué, que es la entidad de bien público que tiene la licencia de explotación. Lo sucedido se encuadra en el delito de estafa, artículo 172 del Código Penal”, dijo D’Alessandro.

Y agregó: “Tengo entendido que personal de la UNLP habitualmente recorre los bingos para controlar el sistema, lo llamativo fue que no entraron al bingo de Adrogué”.

Otro software informático que habría fallado es el sistema Namuncurá que utiliza el Instituto de Loterías y Casinos para guardar los premios de las tragamonedas. “Fue formateado y se borró todo lo registrado en los últimos 30 días”, dijo D’Alessandro.

Estas maniobras serían unas de las razones de las exorbitantes ganancias que obtienen los operadores del juego en nuestro país: según el último balance de la empresa Codere, cada maquinita bonaerense tiene una recaudación diaria, en euros, 4 veces superior que cada maquinita instalada en México, 6 veces mayor en comparación con España y 3 veces superior en relación a Italia.

La UNLP firmó el convenio con Loterías durante el año 2003. En ese entonces, el gobernador era Felipe Solá, quien si bien ideó el sistema onine que permitió blanquear parta del negocio del juego, fue también quien ideó en el año 2006 la renovación de forma automática, y a cambio de un canon irrisorio, de las licencias de explotación de las salas de bingo por 15 años, comprometiendo así tres gestiones gubernamentales.

La postura de la Universidad platense

El decano de la Facultad de Informática, Javier Díaz, reconoció que la UNLP tiene un convenio firmado con el Instituto de Loterías bonaerense, pero intentó desligar a la unidad académica que conduce del escándalo generado a partir del episodio en Adrogué.

“Desde que la Universidad se hizo cargo del control de las tragamonedas, se trabajó en el asesoramiento en base a un estudio de los estándares de control internacionales, y a partir de ahí se estableció el sistema de control. Trabajamos para el Instituto de Loterías y realizamos todo lo que ellos piden y necesitan. No se de qué habla el diputado D’Alessandro en particular sobre falta de control. Nuestro trabajo es hacer auditorías para que el sistema on line esté en correcto funcionamiento operativo”, afirmó Díaz.

Y sostuvo que “el modelo de la Provincia es un modelo que ha sido elogiado y que han adoptado otros lugares”. En tanto, fuentes del Rectorado dijeron que la UNLP hace “un control técnico que tiene que ver con el contralor del juego on line y no con el funcionamiento de las máquinas”.

La UBA rechaza, la UNLP recauda

Durante la gestión de Felipe Solá, desde el Instituto de Loterías también convocaron a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para monitorear el sistema on line de las máquinas tragamonedas.

Los investigadores trabajaron durante siete meses, pero dejaron de participar al no permitírsele acceder a la información: sus profesionales habían propuesto sistemas de supervisión y control específico, que fueron objetados y desechados, uno tras otro.

La UNLP, en cambio, siguió adelante sin hacer ningún tipo de objeción. El trabajo que realiza con las tragamonedas no sólo le reporta ingresos a la Facultad de Informática, sino también a la presidencia de la Universidad, que comanda Fernando Tauber.

En efecto, la ordenanza que regula los trabajo a terceros en la UNLP es la n° 219, que fue aprobada en 1991 por el Consejo Superior, y establece que por cada servicio que se haga, del total de los fondos que ingresan un 2% se destine para el Rectorado, un 8% para la facultad donde se hace el servicio, y el 90% restante para la unidad ejecutora que realiza el trabajo. Esta puede ser un instituto, laboratorio o grupo de investigación.

En 2008, cuando la UNLP era conducida por Gustavo Azpiazu y Tauber se desempeñaba como secretario general, la Universidad firmó un convenio para realizar auditorías tecnológicas de tragamonedas con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) de la provincia de Entre Ríos, cuyas características son muy similares a los trabajos que realiza en la provincia de Buenos Aires.