23 de abril, 2024
Denuncian sobreprecios de hasta 160% en estaciones de trenes
Se trata de las obras que lleva adelante la secretarÃa de Transporte en el marco del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires. Un informe de la Coalición CÃvica denuncia sobreprecios en la ejecución de las obras de hasta 160% más de lo presupuestado. El diputado provincial Walter Martello aseguró a LPO que detrás "siempre están las mismas empresas", y agregó que muchas de ellas están denunciadas.Â
El Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires diseñado por el ahora ex secretario de Transporte está envuelto en sospechas de sobreprecios. Un informe del diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica) detalla las diferencias entre los montos anunciados y lo que realmente se estaría gastando. Además apunta a las empresas que fueron adjudicatarias de esas obras financiadas por el Banco Mundial con 132 millones de dólares.
“Esto viene siendo recurrente. También sucedió en hospitales y en planes de vivienda. Curiosamente son siempre las mismas empresas”, dijo Martello a LPO.
El diputado agregó que “son cotizaciones que están muy por encima del valor de mercado que significaría una contratación privada”.
En julio de 2008, cuando Ricardo Jaime todavía estaba en funciones al frente de la secretaría de Transporte de la Nación, se anunció la concreción de un proyecto, financiado por el Banco Mundial por U$S 132 millones para la refacción de los accesos de distintas estaciones de trenes del Conurbano bonaerense. El proyecto fue diseñado por el propio Jaime y actualmente sigue instrumentándose por parte de la secretaría a cargo de Juan Pablo Schiavi.
El objetivo del proyecto es integrar el sistema de transporte público, mejorando las condiciones de trasbordo y equipando los espacios urbanos en torno a las estaciones.
Las estaciones del área metropolitana fueron divididas en dos zonas. La zona 1 comprende las estaciones de Villa Domínico, Wilde, Bernal, Don Bosco, Plátanos, Villa España, Alejandro Korn, Rafael Calzada y José Marmol.
En tanto, la zona 2 comprende las estaciones de Ezeiza, Tristán Suárez, El Jagüel, Luis Guillón, Isidro Casanova, Marinos de Fournier, Ingeniero Brian, Madero, González Catán, Rafael Castillo, Lavallol y Temperley.
Según el informe de Martello, los montos de inversión, anunciados hace poco más de dos años, nada tienen que ver con los que realmente se estaría gastando.
El documento detalla que en la zona 1, cuando se anunció el llamado a licitación, la secretaria de Transporte informó que el monto estimado de inversión iba a ser de $32 millones. Sin embargo, en los carteles de obra aparece que el monto de inversión es de $53,9 millones, mientras que el último reporte de la mencionada Secretaria, que figura en la página web de la dependencia oficial, indica que en realidad se gastarán $65 millones, es decir 103% más que lo anunciado en 2008.
La desproporción de precios en la zona 2 es mayor. Mientras que en el año 2008 se informó oficialmente que se iban a gastar aproximadamente $38 millones, en los carteles de obra que rodean a las estaciones de la zona 2 aparece una cifra muy superior ($74.780.069), mientras que en el informe de la secretaria de Transporte la cifra informada, por las mismas obras, es de $99.456.1653: un 160% más que lo anunciado hace dos años.
“Esto es un caso típico de sobreprecios. No se solucionó ninguno de los problemas estructurales del sistema ferroviario que en los últimos años provocó varias revueltas de pasajeros tanto en Constitución como en diversas estaciones del Conurbano”, dijo Martello.
El diputado explicó que a partir del primer día de febrero se avanzará en un pedido de informes en el Congreso nacional para después seguir impulsando la investigación desde la Legislatura provincial.
Las empresas involucradas
El informe también apunta a las empresas. En la Zona 1, las obras fueron adjudicadas a la UTE conformada por las empresas Eleprint S.A, Martínez y de la Fuente, y Construere Ingeniería S.A.
Martello detalla que Eleprint es una firma que presta los servicios de ingeniería y construcciones de obras en áreas de electromecánica, petróleo y gas, petroquímica e industriales, que se ha visto salpicada en diversos escándalos judiciales, como el caso Skanska y que habría emitido facturas truchas. Su titular es el ingeniero Gustavo Weiss, actual protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción.
Según una denuncia realizada por diputados de la Coalición, Weiss tiene facturas apócrifas de las firmas La Nueva Argentina por $ 105.209, de la firma Darom Construcciones por $ 5.883.750 y de Echo Argentina con $ 132.1394.
En tanto, Construere Ingeniería, cuyo titular es Juan A. Beltram, también tiene facturas falsas por 300 mil5.
Eleprint, además, aparece en una denuncia penal realizada por la Coalición en 2005, por sobreprecios en la construcción de cárceles. “Eso fue una maniobra muy similar a la instrumentada en las estaciones de trenes”, explica Martello.
Según el diputado, con las cárceles, las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
Ahora, Eleprint ahora quiere -junto a la firmas Petersen (grupo Eskenazi), Cartellone, Supercemento y Rovella Carranza- integrar uno de los dos grupos empresarios que siguen en carrera para quedarse con la concesión de las autovías 2 y 11 en la Provincia. El otro grupo está conformado por el consorcio de Roggio, Esuco y Helport (grupo Eurnekian).
La empresa Martínez y de la Fuente también tiene peso dentro de la Cámara de la Construcción. Según el informe, uno de sus directoras es Graciela de la Fuente, actual titular de la Cámara de la Construcción de La Plata y actual vocal de esa entidad a nivel nacional.
De la Fuente tendría fluidos vínculos con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y desde hace varios años, otra de sus empresas, Megatrans S.A, tiene a su cargo el servicio de vigilancia satelital de patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un servicio que, según la revista La Tecla, le cuesta a casi $ 50 millones por año al Estado provincial, siendo un sistema que sufre serios cuestionamientos por parte de los policías y que, además, se ofrecería a privados por la mitad de lo que se cobra al Estado.
Las obras en la zona 2 del Programa de Mejora de Estaciones fueron adjudicadas a las empresas IECSA-S.A, Fontana Nicastro y Miavasa S.A, que también se encuentran involucradas en el caso Skanska por facturas truchas: Nicastro Construcciones por 3 millones, la UTE Marcalba S.A y Fontana Nicastro por 4 millones y la UTE IECSA S.A y Fontana Nicastro por $300 mil.
Según el informe, IECSA es la constructora de los hermanos Angelo y Fabio Calcaterra, quienes se la compraron a su tío Franco Macri. Y aportaron $398.948 -el tope permitido por la Justicia Electoral para las contribuciones de empresas privadas- para la campaña de Cristina Kirchner en 2007.
IECSA aparece mencionada en los mails de Manuel Vázquez – asesor de Jaime y consultor privado- que rescató la Justicia: allí aparece que Vázquez coordinó el armado de Veloxia, el grupo liderado por Alstom e integrado por las firmas IECSA y EMAPA, y la española Isolux, que se adjudicó el controvertido proyecto del tren Bala.
Según el diario Clarín, Vázquez elaboró con su socio español Miguel Angel Lorente y un estudio jurídico de Madrid una parte de la ingeniería financiera que presentó Veloxia. Según se desprende de los correos, por esa intervención Vázquez y sus socios iban a cobrar una comisión de “alrededor de un millón de euros”.
IECSA, además, es una de las empresas más beneficiadas por el Plan Federal de Construcción de Viviendas impulsado por el Gobierno nacional, y también tuvo a su cargo la construcción de pasos bajo nivel del Ferrocarril Mitre, que fueron encargados por la secretaría de Transporte durante la gestión de Jaime, como así también la repavimentación y ampliación de la ruta nacional Nº 14.
Según Martello, uno de los directores de IECSA es Santiago Altieri, que está investigado en la causa judicial contra Ricardo Jaime: entre otras irregularidades, el ex secretario de Transporte está sospechado por haber recibido dádivas de empresarios, que eran beneficiados por contratos multimillonarios con el Estado nacional. La empresa IECSA está sospechada de haberle entregado un Volkswagen Passat a Jaime, en momentos en que era secretario de Transporte.
“Esto viene siendo recurrente. También sucedió en hospitales y en planes de vivienda. Curiosamente son siempre las mismas empresas”, dijo Martello a LPO.
El diputado agregó que “son cotizaciones que están muy por encima del valor de mercado que significaría una contratación privada”.
En julio de 2008, cuando Ricardo Jaime todavía estaba en funciones al frente de la secretaría de Transporte de la Nación, se anunció la concreción de un proyecto, financiado por el Banco Mundial por U$S 132 millones para la refacción de los accesos de distintas estaciones de trenes del Conurbano bonaerense. El proyecto fue diseñado por el propio Jaime y actualmente sigue instrumentándose por parte de la secretaría a cargo de Juan Pablo Schiavi.
El objetivo del proyecto es integrar el sistema de transporte público, mejorando las condiciones de trasbordo y equipando los espacios urbanos en torno a las estaciones.
Las estaciones del área metropolitana fueron divididas en dos zonas. La zona 1 comprende las estaciones de Villa Domínico, Wilde, Bernal, Don Bosco, Plátanos, Villa España, Alejandro Korn, Rafael Calzada y José Marmol.
En tanto, la zona 2 comprende las estaciones de Ezeiza, Tristán Suárez, El Jagüel, Luis Guillón, Isidro Casanova, Marinos de Fournier, Ingeniero Brian, Madero, González Catán, Rafael Castillo, Lavallol y Temperley.
Según el informe de Martello, los montos de inversión, anunciados hace poco más de dos años, nada tienen que ver con los que realmente se estaría gastando.
El documento detalla que en la zona 1, cuando se anunció el llamado a licitación, la secretaria de Transporte informó que el monto estimado de inversión iba a ser de $32 millones. Sin embargo, en los carteles de obra aparece que el monto de inversión es de $53,9 millones, mientras que el último reporte de la mencionada Secretaria, que figura en la página web de la dependencia oficial, indica que en realidad se gastarán $65 millones, es decir 103% más que lo anunciado en 2008.
La desproporción de precios en la zona 2 es mayor. Mientras que en el año 2008 se informó oficialmente que se iban a gastar aproximadamente $38 millones, en los carteles de obra que rodean a las estaciones de la zona 2 aparece una cifra muy superior ($74.780.069), mientras que en el informe de la secretaria de Transporte la cifra informada, por las mismas obras, es de $99.456.1653: un 160% más que lo anunciado hace dos años.
“Esto es un caso típico de sobreprecios. No se solucionó ninguno de los problemas estructurales del sistema ferroviario que en los últimos años provocó varias revueltas de pasajeros tanto en Constitución como en diversas estaciones del Conurbano”, dijo Martello.
El diputado explicó que a partir del primer día de febrero se avanzará en un pedido de informes en el Congreso nacional para después seguir impulsando la investigación desde la Legislatura provincial.
Las empresas involucradas
El informe también apunta a las empresas. En la Zona 1, las obras fueron adjudicadas a la UTE conformada por las empresas Eleprint S.A, Martínez y de la Fuente, y Construere Ingeniería S.A.
Martello detalla que Eleprint es una firma que presta los servicios de ingeniería y construcciones de obras en áreas de electromecánica, petróleo y gas, petroquímica e industriales, que se ha visto salpicada en diversos escándalos judiciales, como el caso Skanska y que habría emitido facturas truchas. Su titular es el ingeniero Gustavo Weiss, actual protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción.
Según una denuncia realizada por diputados de la Coalición, Weiss tiene facturas apócrifas de las firmas La Nueva Argentina por $ 105.209, de la firma Darom Construcciones por $ 5.883.750 y de Echo Argentina con $ 132.1394.
En tanto, Construere Ingeniería, cuyo titular es Juan A. Beltram, también tiene facturas falsas por 300 mil5.
Eleprint, además, aparece en una denuncia penal realizada por la Coalición en 2005, por sobreprecios en la construcción de cárceles. “Eso fue una maniobra muy similar a la instrumentada en las estaciones de trenes”, explica Martello.
Según el diputado, con las cárceles, las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
Ahora, Eleprint ahora quiere -junto a la firmas Petersen (grupo Eskenazi), Cartellone, Supercemento y Rovella Carranza- integrar uno de los dos grupos empresarios que siguen en carrera para quedarse con la concesión de las autovías 2 y 11 en la Provincia. El otro grupo está conformado por el consorcio de Roggio, Esuco y Helport (grupo Eurnekian).
La empresa Martínez y de la Fuente también tiene peso dentro de la Cámara de la Construcción. Según el informe, uno de sus directoras es Graciela de la Fuente, actual titular de la Cámara de la Construcción de La Plata y actual vocal de esa entidad a nivel nacional.
De la Fuente tendría fluidos vínculos con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y desde hace varios años, otra de sus empresas, Megatrans S.A, tiene a su cargo el servicio de vigilancia satelital de patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un servicio que, según la revista La Tecla, le cuesta a casi $ 50 millones por año al Estado provincial, siendo un sistema que sufre serios cuestionamientos por parte de los policías y que, además, se ofrecería a privados por la mitad de lo que se cobra al Estado.
Las obras en la zona 2 del Programa de Mejora de Estaciones fueron adjudicadas a las empresas IECSA-S.A, Fontana Nicastro y Miavasa S.A, que también se encuentran involucradas en el caso Skanska por facturas truchas: Nicastro Construcciones por 3 millones, la UTE Marcalba S.A y Fontana Nicastro por 4 millones y la UTE IECSA S.A y Fontana Nicastro por $300 mil.
Según el informe, IECSA es la constructora de los hermanos Angelo y Fabio Calcaterra, quienes se la compraron a su tío Franco Macri. Y aportaron $398.948 -el tope permitido por la Justicia Electoral para las contribuciones de empresas privadas- para la campaña de Cristina Kirchner en 2007.
IECSA aparece mencionada en los mails de Manuel Vázquez – asesor de Jaime y consultor privado- que rescató la Justicia: allí aparece que Vázquez coordinó el armado de Veloxia, el grupo liderado por Alstom e integrado por las firmas IECSA y EMAPA, y la española Isolux, que se adjudicó el controvertido proyecto del tren Bala.
Según el diario Clarín, Vázquez elaboró con su socio español Miguel Angel Lorente y un estudio jurídico de Madrid una parte de la ingeniería financiera que presentó Veloxia. Según se desprende de los correos, por esa intervención Vázquez y sus socios iban a cobrar una comisión de “alrededor de un millón de euros”.
IECSA, además, es una de las empresas más beneficiadas por el Plan Federal de Construcción de Viviendas impulsado por el Gobierno nacional, y también tuvo a su cargo la construcción de pasos bajo nivel del Ferrocarril Mitre, que fueron encargados por la secretaría de Transporte durante la gestión de Jaime, como así también la repavimentación y ampliación de la ruta nacional Nº 14.
Según Martello, uno de los directores de IECSA es Santiago Altieri, que está investigado en la causa judicial contra Ricardo Jaime: entre otras irregularidades, el ex secretario de Transporte está sospechado por haber recibido dádivas de empresarios, que eran beneficiados por contratos multimillonarios con el Estado nacional. La empresa IECSA está sospechada de haberle entregado un Volkswagen Passat a Jaime, en momentos en que era secretario de Transporte.
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GASTON NO SE DICE ESTARIA, SE DICE ESTUVIERA