La Escuela Shopping, otro invento argentino, pero olvidable, le costará al Gobierno de la Ciudad unos 10 millones de pesos y al menos dos años de obras. Es que, para normalizar ese edifico que en 1990, cambió la planta baja de una escuela por 20 locales comerciales, no se requiere una tarea que se haga de un día para el otro.

La Legislatura de la Ciudad aprobó en abril por unanimidad una ley, de autoría del legislador opositor Raúl Fernández, para restituir al Ministerio de Educación la planta baja de la escuela, que había sido concedida por veinte años al empresario Salomón Salem para que explotara 17 locales comerciales de venta de celulares, bufandas y bombachas.

Sin embargo, la polémica está lejos de haber concluído. La semana pasada los legisladores porteños aprobaron un listado de obras escolares para ser financiadas con un préstamo de AUSA, la empresa que administra las autopistas y varias escuelas, entre ellas la shopping, fueron excluidas de esa nómina, según señala una nota de Perfil.

Se trata de un tema particularmente sensible para Macri, ya que no dudó en tomarlo como bandera política. Durante la pasada inauguración de la Feria del Libro afirmó: “Quiero anunciarles que este año vence la concesión comercial que dio lugar a la escuela shopping y que le devolveremos los lugares que le corresponden a la Escuela Presidente Mitre porque no hay negocio comercial que pueda estar por arriba de la educación de los chicos”.

Entonces, frente a la posibilidad de que conculya su mandato sin concretar esa promesa, Macri ordenó en una reciente reunión de gabinete dos medidas para despegarse del escándalo. Por un lado, en el plano político que se recuerde que fue el senador kirchnerista Daniel Filmus, cuando era funcionario de Carlos Grosso quien dejó que esa escuela se transformara en shopping.

Pero además, dispuso que se tomen las medidas necesarias para que la causa iniciada por la Escuela Shopping -por la que terminó procesado el propio Carlos Grosso- no prescriba. El jefe de Gobierno dejó en claro que con ese tema tenían una oportunidad de oro para golpear a Filmus, un acérrimo crítico de la gestión PRO y posible candidato kirchnerista a jefe de Gobierno el año próximo.

Según comentaron fuentes judiciales a La Política Online, en rigor la causa aún no prescribió porque hay un prófugo. Desde el gobierno porteño no supieron aportar mayores precisiones.

“Nadie resiste un archivo”, confirmaron a LPO desde el oficialismo y recordaron que “ese mismo Filmus que hoy se luce como progresista, bancó la ley federal de educación con Susana Decibe y también, fue secretario de educación de Carlos Grosso”. Grosso fue intendente de la ciudad en pleno apogeo menemista y, antes de desembarcar en la arena política, había sido CEO del Grupo Socma, por entonces en manos del todopoderoso Franco Macri. Todas las aristas se tocan.

En los noventa, cuando estaba a punto de cumplir cien años y su edificio ser declarado como Patrimonio Histórico, una sesión maratónica del por entonces Concejo Deliberante autorizó el funcionamiento de locales comerciales, en ese mismo espacio. Filmus jamás se opuso a que se determinara habilitar negocios para vender ropa, electrodomésticos y celulares en el mismo edifico donde se daban clases. Y por ese respaldo, un joven Aníbal Ibarra lo denunció -junto a Grosso- ante la justicia.

Sin embargo, desde el riñón del PRO niegan que la preocupación de Macri tenga que ver con una maniobra política y aclaran que “para nosotros, la competencia es Pino (Solanas) y la Coalición Cívica; a Filmus ni lo tenemos en cuenta”.

Mientras Filmus, trabaja en la confección de un mapa con las problemáticas de cada barrio de la ciudad de Buenos Aires y pide “colaboración” de los vecinos; hoy cursan 300 alumnos primarios, es un espacio que fue partido a la mitad al igual que sus ventanas y aulas que ahora se levantan a diez centímetros del suelo.

A fin de año, cuando vence la concesión, la escuela debería recuperar la planta baja para tareas educativas y en Sarmiento y avenida Pueyrredón, ya no quedaría lugar para locales.

Sin embargo, en el MInisterio de Educación aún no tienen claro el proyecto para el establecimiento. El funcionario Max Gulmanelli, responsable de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, afirmó a Perfil que en enero próximo deben comenzar las obras aunque –admitió– aun no tienen listo el presupuesto que debería asignarse y tampoco se definió el proyecto. “Seguro va a ser una escuela infantil, pero no se definió si se construirán en la planta baja salas de 3, 4 y 5 años o un jardín maternal”, apuntó.

Como sea, más allá de los plazos legales, nadie ignora que los conflictos con los comerciantes ya afincados en el lugar, serán un obstáculo difícil de esquivar.