La Policía porteña vuelve al centro de la escena con un nuevo escándalo: un juicio por presunto cobro de coimas al responsable del área de Investigaciones de la Metropolitana, Miguel Angel Colombo.

Se trata de una causa abierta cuando era subcomisario de la secciónal 15º de la Federal. A cargo del fiscal José María Campagnoli y el juez Alberto Baños, el caso está a punto de llegar a la etapa de juicio oral con cinco ex comisarios, cuatro ex subcomisarios y dos oficiales procesados por dar protección a tres boliches de sexo vip cuando ellos todavía estaban en la Federal, informó esta mañana el diario Clarín. Ya tiene requerimiento fiscal y hace pocas semanas el juez Baños -confiaron fuentes judiciales- "rechazó todos los planteos de las defensas". Si apelan, deberá resolver la misma Cámara que ya había ordenado procesar a los sospechosos.

El caso, además, revela otro dato alarmante: uno de los acusados fue nombrado Comisionado de la Policía Metropolitana en mayo de 2009 (cuando ya estaba procesado) y es actualmente responsable del area de Investigaciones de esa Fuerza, según él mismo se ha presentado ante jueces y fiscales.

El policía en cuestión es Miguel Angel Fausto Colombo (59), cuya gestión como segundo jefe de la comisaría 15° es la que ahora lo pone en problemas. En el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, al que tuvo acceso Clarín, se destaca que el nombre y el teléfono de Colombo figuraban en la agenda de un proxeneta detenido.

Colombo llegó a la policía de Mauricio Macri de la mano de Jorge "El Fino" Palacios (actualmente preso y procesado por la causa AMIA). Con él se había retirado de las filas de la Federal en 2004.

Fue nombrado en la Metropolitana a través de la resolución 492 de mayo del año pasado. Para ese entonces ya llevaba nueve meses en condición de procesado.

"En la investigación, aparece lo de las putas y para colmo los papeles que se llevaron míos figura C15, Brigada 15, la cometa de las comisarías, decí que yo en ningún lado puse la palabra completa", se puede oír en una de las escuchas entre dos de los proxenetas que también irán a juicio: una mujer y el hombre en cuya agenda aparece Colombo.

"¿Cómo puede ser? ¿Estos tipos se llevan cuatro lucas por mes y no saben que va a haber un allanamiento? ¿Y no te avisan?", dice la mujer, pero le explican: "¿Sabés lo que pasa? Los puentearon a los tipos porque saben que está todo arreglado".

En la causa también se secuestraron cuadernos, propiedad de los proxenetas, en los que se lleva la contabilidad de las distintas coimas pagadas durante al menos dos años a jefes y oficiales de las comisarías 15° (Retiro), 17° (Recoleta), y Seguridad Personal, área especifica de la Federal a cargo de las infracciones a la ley 12.331 de Profilaxis Antivenérea.

La causa a cargo de Campagnoli y Baños comenzó de una manera atípica. En abril de 1999 un hombre con problemas de desarrollo mental (cuando era chico su padre -policía- le había pegado accidentalmente un balazo en la cabeza), creyó que un aviso en un diario donde se ofrecían prostitutas era de una agencia matrimonial.

Llamó y concertó una cita. Le dijeron que fuera a un departamento en el Centro y que llevara 120 pesos. En ese lugar le presentaron a una chica y el hombre pensó que podían entablar una relación seria, pero enseguida se enteró de la verdad. Indignado, fue hasta la comisaría 15° e hizo la denuncia por fraude, reclamando que le devolvieran el dinero.

A partir de esta denuncia se comenzaron a vigilar los departamentos sospechosos y, para evitar filtraciones, los seguimientos se encargaron a la Gendarmería. Gente de esa fuerza se ocupó tanto de los allanamientos como de desgrabar las escuchas telefónicas.

Por ejemplo, en una conversación de noviembre de 2000, uno de los dueños de los locales llamó a la comisaría 15° y habló con uno de los subcomisarios: le pidió una prórroga en el pago del soborno (de 400 pesos) porque le habían robado y no tenía efectivo.

La situación de los policías se complicó cuando dos de los responsables de los prostíbulos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias y los incriminaron.

Aunque al principio el juez Baños sobreseyó a los oficiales, una apelación de la fiscalía provocó un duro fallo de la Sala I de la Cámara del Crimen. El 2 de septiembre de 2008, ésta procesó a los involucrados e hizo algo inusual: además de los delitos de cohecho (coimas), encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público consideró que también eran partícipes necesarios del delito de regentear prostíbulos. En otras palabras: los jueces evaluaron que sin la complicidad de los policías nada hubiera sido posible.