En marzo de este año, en el medio de uno de los picos del conflicto del Gobierno con el campo, un rumor casuó gran revuelo entre la dirigencia de las entidades agrarias: el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aparecía mencionado como la verdadera figura ubicada detrás de una importantísima operación de compra venta de campos en la provincia de Buenos Aires.

Se lo mencionó en distintos medios agropecuarios como el presunto verdadero propietario de la estancia "Las Acacias" de 1.470 hectáreas que se acaba de vender en Vedia, provincia de Buenos Aires. La operación, se decía, habría incluído una generosa parte en negro y la compradora sería la sociedad ADM Pigue S.A., una supuesta pantalla legal para borrar los rastros del funcionario.

La información corrió fuerte por Vedia, una ciudad cercana a Junín, próxima a Lincoln. Se trata de un pueblo pequeño, pero muy productivo de la zona núcleo. En ese momento, el rumor circuló con fuerza en CRA, organización que muy arraigada en esa localidad. Y luego se fue acallando la polémica.

Pero lejos de quedar en la nada, la noticia motivó una investigación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, según pudo confirmar La Política Online. El fiscal a cargo de la Fiscalía Número 4 de ese organismo, Ricardo Renom, es quien lleva adelante la pesquisa, que se encuentra muy activa.

Como se sabe, en estos casos no resulta sencillo probar quien es el verdadero propietario de un bien adquirido por una sociedad anónima. La utilización de esta figura societaria es un medio habitual para ocultar a los auténticos dueños de un bien, y no es fácil vincular a quienes aparecen como accionistas con la persona que se sospecha es el dueño real.

Sin embargo, la investigación sigue en curso y ya se avanzó en distintas diligencias probatorias. Lo que desde un plano más político, vuelve a enviar otra señal de que algo está cambiando para el kirchnerismo en la Justicia.

Incluso, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas parece estar logrando superar el cepo que le intentó poner el kirchnerista procurador General, Esteban Righi, cuando buscó recortar sus facultades, polémica que terminó con la renuncia de su titular Manuel Garrido. Hoy a cargo del fiscal general Guillermo Noailles, este organismo creado para combatir la corrupción, parece estar dispuesto a dar batalla –o al menos algunas batallas- por cumplir con su función.