Como si la Villa 31 no fuera suficiente, Mauricio Macri debe enfrentar otro conflicto con el gobierno nacional en Lugano, donde se ubica la Villa 20 con más de 20 mil personas. Tal como ocurre en Retiro, el problema se suscita a raíz de los terrenos ubicados en Cruz y Escalada donde la Policía Federal aloja alrededor de 7.000 vehículos que fueron afectados a causas judiciales (algunos tienen más de 30 años).

Esas tierras pertenecen a la Nación y están a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia cuyo titular es Aníbal Fernández (quien ya tuvo fuertes cruces con el jefe de gobierno por la Villa 31).

Ahora bien, ¿por qué la ciudad está interesada en estos terrenos lindantes a la villa? Porque los vecinos de la Villa 20 han denunciado, y corroborado a través de un detallado estudio de impacto ambiental, que los vehículos allí alojados contaminan y además no permiten el tendido de una red de agua ya que la tierra también podría estar contaminada.

Entre otras cosas, este lapidario informe ambiental al que tuvo acceso La Política Online revela que en muchos de los chicos de la villa de entre 2 y 5 años que lindan con el depósito se les encontró plomo en sangre y enfermedades como distorsión del metabolismo por metales pesados. Además, habría asbesto producto de las pasillas de freno.

La situación legal

La situación de esos terrenos es histórica. A principios de la década del ochenta la ciudad le vendió a la Nación las tierras. Así, fueron destinadas para playas de estacionamiento de autos con causas judiciales.

Paralelamente, con el paso de los años la villa de Lugano fue creciendo y muchos habitantes comenzaron a tener contacto con este depósito. En algunos casos se robaban autopartes y en otras se utilizaban materiales para otras obras pequeñas.

Por ello, hacia fines de 2006 el juez Roberto Gallardo intimó a la ciudad a resolver el tema ya que las viviendas no podían permanecer frente a los autos abandonados.

Sin embargo, desde el gobierno porteño le contestó que no tenía potestad en esas tierras y que los vehículos eran propiedad de la Policía Federal que maneja Aníbal Fernández. Así se llamó en dos oportunidades a la fuerza de seguridad pero nadie asistió.

Para mediados de noviembre de 2007, el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman firmó dos convenios con Aníbal Fernández para transferir a la ciudad las tierras para poder sanearlas e instalar alrededor de tres mil viviendas. A su vez, el gobierno porteño se comprometía a transferir dos terrenos de su propiedad para crear un nuevo depósito para la Policía Federal.

Para completar el trámite se necesitaba que la Legislatura porteña refrende el convenio (que ya lo hizo) y que el gobierno nacional haga lo propio desde el propio Ejecutivo a partir de un decreto.

Sin embargo, altas fuentes del Ejecutivo porteño aseguraron a La Política Online que “no hay noticias” de que se haya realizado.

Con lo cual, la ciudad se ve imposibilitada de interferir allí ya que tanto los terrenos como los autos son propiedad de la Nación.

Macri reacciona

A pesar de ello, una vez asumido, Macri le pidió a la Procuración y la UGIS (la unidad de intervención en emergencia en villas) que intenten recuperar las tierras y sanearlas.

Así, se le mandaron cartas y pedidos de audiencia al ministro nacional hasta que, luego de meses sin respuestas, en septiembre de este año la UGIS pudo ingresar a los terrenos para comenzar con un Programa de saneamiento que incluye la desinfectación, desratización y desmalezamiento de las tierras en conjunto con el Ente de Higiene Urbana. Además, el Ejecutivo encaró una serie de estudios a cargo de la Agencia de Protección Ambiental.

También, por orden del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, se empezó a planear una licitación para instalar una compactadora de automóviles. Sin embargo, el ministerio de Seguridad y Justicia nacional, a pesar de los pedidos, no envió información ni un listado sobre cuáles de los 7000 vehículos podrían compactarse y cuáles no (hay desde muy añejos hasta modelos nuevos).

Claro que, de todas formas, aún persiste en el mayor inconveniente para efectivizar estos trabajos: el gobierno todavía no puede tocar los autos que allí duermen.

De hecho, esto imposibilita que, si efectivamente las tierras están contaminadas, se construya una red de agua para los vecinos ya que también estaría contaminada.

Hace apenas 20 días, Macri decidió apurar una resolución de Gallardo respecto de la villa de Lugano y se estima que después de la feria podría emitir algún fallo. También en esta instancia persiste un problema jurisdiccional ya que se trataría de una medida de la Justicia porteña.

El lapidario informe ambiental

En medio de esta situación, en mayo de 2008 la Legislatura porteño tuvo que declarar la “Emergencia Habitacional” en la zona. Entre los considerandos de la iniciativa se apuntaba a una serie de estudios que se realizaron a pedido de los vecinos y el gobierno porteño, y al que tuvo acceso este medio.

De esta forma, a partir del Cesac 18, el Centro de Salud Ambiental, se evaluaron 59 chicos de las manzanas 28 y 29 (las más afectadas por el depósito), en noviembre de 2007, a pedido del juez Gallardo.

El estudio, que contó con la ayuda del servicio de Toxicología del Hospital Elizalde, fue realizado durante 18 meses sobre chicos de 2 a 5 años y, según concluyeron los especialistas, en el 35,5% de los casos había altos niveles de plomo en sangre.

También en el relevamiento, que lleva la firma de la titular del Cesac 18, Daniel Ventura, se detectaron casos de astenia y trastornos en el sueño y en el aparato digestivo.

En cuanto a los síntomas, el informe apunta que el 38% de los chicos presentó anorexia, el 37% infecciones respiratorias frecuentes, el 23% dolor abdominal recurrente, el 22% cefaleas reiteradas, el 20% con diarrea y el 18% con constipación. Como si fuera poco, en el 18.5% de los chicos se detectó dermatitis y taquicardia.

En lo que refiere a trastornos madurativos, el 13.5% presentó retrasos en el desarrollo y el 15% alteraciones en el lenguaje.

Por otro lado, más del 40% tiene piso o patio de tierra “con el potencial riesgo de contaminación”, dice el informe. En este marco, el 37% tiene chatarra cerca o en su propio domicilio.

Vale agregar dos datos que se adjuntan en el informe: el 13.5 de los padres trabaja con plomo y se constató que en el 37 por ciento de los casos hay presencia de chatarra en la casa.

Si bien de estos resultados no está claro qué tipo de contaminación genera el depósito de autos, el Centro de Salud Ambiental fue claro en las conclusiones: recomienda remover esos vehículos del lugar.

Si bien todavía faltan estudios sobre el suelo de parte del gobierno porteño para detectar qué elementos específicamente pueden intoxicar a los vecinos de la Villa 20, este medio pudo saber que entre otras cosas, hay distorsión del metabolismo por metales pesados, y además se encontró la presencia de asbesto en las pasillas de freno.