En medio del escándalo de los cuadernos, en el gobierno porteño aseguran que "ninguna obra de la ciudad está comprometida" por los coletazos judiciales que pueda deparar la investigación que lleva adelante Carlos Stornelli sobre empresarios y políticos.

Un funcionario cercano a Horacio Rodríguez Larreta explicó que la continuación de las obras no se trata de "una expresión de deseos", sino que obedece a un "análisis" realizado por el gabinete porteño ante el avance de la causa.

Ni siquiera el Paseo del Bajo, que tiene financiamiento de la ex Confederación Andina de Fomento está en duda. El tramo más caro de la obra, en su momento cotizado en 3200 millones de pesos quedó a cargo de IECSA.

En ese momento la empresa pertenecía a Ángelo Calcaterra, uno de los "testigos colaboradores" de la investigación que está imputado por presuntamente haber pagado sobornos.

Desde el gobierno porteño sugirieron que habrá una diferencia entre empresarios y empresas a la hora de establecer responsabilidades, sobre todo a la hora de pensar el futuro de la Argentina.

"Es imposible pensar un país que se quedó sin empresas", comentaron.

En Parque Patricios prefirieron no opinar sobre la "doctrina Dietrich", que adoptó el ministro de Transporte. "Guillo" afirmó en una reunión con inversores el gobierno no frenería ninguna obra en manos de firmas involucradas en la causa de coimas hasta que haya una condena firme.

Las afirmaciones de Dietrich está reñidas con el decreto 1023/2001, que establece el régimen de contrataciones de la administración nacional. La normativa es taxativa al respecto: no se puede seguir con un contratista que esté procesado.

En el artículo 10 establece el pago de coimas como causal de recisión de contratos, mientras que el artículo 28 inciso 3 menciona concretamente a los procesados entre los inhabilitados para tener contratos. 

Como explicó LPO ya son muchos los funcionarios de rango medio que se animan a firmar obras a empresas involucradas en la causa de los cuadernos y las derivan a los ministros.