El directivo de Techint Luis Betnaza declaró este viernes ante el juez federal Claudio Bonadio y reveló que funcionarios del gobierno kirchnerista le pidieron coimas para interceder ante Hugo Chávez y destrabar el conflicto por la expropiación de la siderúrgica Sidor.

El principal operador político de Paolo Rocca había sido imputado y citado ayer a indagatoria, luego de que el martes declaró como testigo, al parecer con la intención de desacreditar los dichos de Héctor Zabaleta, el ex ejecutivo de Techint que pidió ser arrepentido tras ser detenido por Bonadio.

Betnaza habría señalado tres ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido como las personas que le pidieron dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Chávez por el reclamo de la indemnización, según informó Infobae. La indemnización cobrada por la empresa de Rocca fue de dos mil millones de dólares.

El director institucional corporativo del Grupo Techint calculó en un millón de dólares el aporte que hizo la firma a pedido de altos funcionarios de la cartera conducida por Julio de Vido, aunque dijo que no tenían que ver con la obra pública en Argentina.

La SEC podría investigar a Techint por la causa de los cuadernos

Betnaza también admitió como cierto lo que aparece en los cuadernos del chofer Oscar Centeno sobre los encuentros de Zabaleta con Baratta para entregarle coimas. "Zabaleta dijo fue que él había pagado dinero. Las condiciones y los por qué de ese dinero, el señor Zabaleta no lo sabía, lo sabía yo. Vine y explique las causas por las que cuales había hecho eso, y ahí quedó", relató ante los periodistas.

Otro arrepentido

El expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner cerró esta tarde un acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, el que ahora estaba bajo estudio del juez federal Claudio Bonadio.

Así lo hizo luego de prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa por los cuadernos con detalles de las presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

Por haber estado al frente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner es uno de los señalados por tener conocimiento de la relación entre los empresarios y exfuncionarios durante la gestión kirchnerista. 

Su defensa en principio había negociado su entrega al pedir una una eximición de prisión, aunque luego Wagner decidió colaborar con la Justicia y ser "imputado arrepentido". 

Al día de hoy en la causa son cinco los empresarios que ya confesaron los pagos de dinero a exfuncionarios, en concepto de coimas o aportes de campaña. 

En tanto, los empresarios que se acogieron a la figura de imputados arrepentidos son Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Ángelo Calcaterra, Armando Lorson (Grupo Albanesi), Javier Sánchez Caballero (IECSA) y Héctor Alberto Zabaleta (Techint).