El Gobierno enviará en estos dÃas un proyecto de ley al Congreso para regular la financiación de los partidos polÃticos que contempla la bancarización de los fondos y la posibilidad de aportes de empresas privadas.
La ley fue redactada en febrero por el secretario de Asuntos PolÃticos e Institucionales, Adrián Pérez, iba a presentarse en el segundo semestre pero el caso de los aportantes truchos en la campaña bonaerense aceleró los trámites.
Este jueves, el texto llegó al despacho del secretario legal y técnico Pablo Clusellas para ultimar la letra fina y enviarlo al Congreso cuanto antes.
Uno de los aspectos más polémicos serán los aportes de las personas jurÃdicas, que ahora están prohibidos pero podrÃan financiar hasta el 2% de una campaña electoral.
Fuentes del Gobierno señalaron a LPO que se evaluó restringir estos desembolsos a la previa de la campaña, pero se optó por un camino más sencillo.
La lista de aportantes quedarÃan reflejados en una página web de cada partido y habrÃa otro registro de proveedores de bienes y servicios para la campaña para chequear si las cifras tienen sentido.
Los datos serán revisados por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y un cuerpo de 24 auditores, uno por provincia.
No será una discusión fácil: en 2016, los senadores Omar Perotti y Juan Manuel Abal Medina presentaron un proyecto para impedir los aportes privados a las campañas. Nunca se trató y caducó en febrero.
Y esta tarde Máximo Kirchner presentó otro en Diputados que además de prohibir la ayuda de empresas a los partidos fija un fondo para financiar la publicidad en internet de cada candidato.
La ley del Gobierno no se referirá a la publicidad y sostendrÃa los espacios gratuitos que ya tienen los candidatos en la televisión, vigente desde la reforma de 2009.
Pero extenderÃa de 15 a 30 dÃas el plazo previo a las campañas que prohÃbe a los Gobiernos hacer actos públicos.
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Esperamos el "arrepentimiento" de algún ex ministro de Obras Públicas de la señora Vidal, echado antes de que lo prendieran fuego con varias denuncias.
Y ahora vienen con querer establecer una ley post factum. El código penal ya existe. Lo que hicieron constituye, fundamentalmente, delitos penales. Lo del código electoral es accesorio, casi anecdótico en medio de todos los fraudes perpetrados por esta "democracia".
Y se habla de 100 millones de pesos. Es muuuuuucho más, porque practicaron lo mismo en todo el país.
La verdad... a veces dan ganas de meterlos a todos en un vuelo de la línea amarilla "Flybondi"... y que pase lo que tiene que pasar.