Brasil quedó sumergido en una inédita batalla judicial luego de que el juez Rogério Favreto ordenara este domingo la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril, una medida que revocó horas más tarde un magistrado de la causa Lava Jato y que generó un ida y vuelta hasta que el presidente del tribunal que intervino ordenó que siga preso.

Favreto concedió un habeas corpus al ex presidente y ordenó a la Policía Federal que lo libera de inmediato, provocando la previsible indignación del sector de la justicia que empujó la investigación del Lava Jato. Este juez crítico del Lava Jato, fue afiliado del Partido de los Trabajadores (PT) que lidera Lula y durante su primer gobierno fue asesor jurídico de la Casa Civil de la Presidencia.

En su momento Favreto había sido el único integrante del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) con sede en Porto Alegre, que votó por la apertura de un procedimiento disciplinario contra el juez Sergio Moro, bajo la alegación de "índole política" por mandar a Lula a la cárcel.

La intervención de Moro para que Lula sea preso fue muy cuestionada en la justicia, ya que se trata de un juez de primera instancia y de otra jurisdicción. Es probable que en el futuro sea aprovechada por los abogados de Lula.

Poco después conocida la decisión de liberar a Lula, el juez João Gebran Neto -también integrante del TRF-4- ordenó a la Policía Federal abstenerse a "practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada" de ese mismo tribunal que en su momento ordenó la detención de Lula y pidió desconocer la orden de su colega. Ante esto, Favreto insistió en su decisión y ante el conflicto judicial intervino el procurador de Porto Alegre que dejó la decisión final en manos del presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, quien finalmente dispuso que Lula siguiera preso.

El habeas corpus que concedió Favreto fue presentado el viernes por los diputados del PT, Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, quienes argumentaron que no había fundamento jurídico para la detención de Lula. El magistrado al concederlo entendió que se había constituido un "hecho nuevo" que era la imposibilidad de Lula de ejercer sus derechos políticos de candidato a la Presidencia, por estar preso.

La noticia sorprendió a Brasil y al darse a conocer que Lula podría quedar en libertad este mismo domingo, arrancó un debate por un conflicto de competencias. El juez Sergio Moro -el primero en ordenar la detención de Lula- emitió un comunicado para afirmar que Favreto no tiene la facultad de liberar al ex presidente.

"Si un actor o autoridad policial cumple la decisión de una autoridad absolutamente incompetente, estará incumpliendo la orden de prisión emitida por el colegiado del Tribunal Regional Federal de la 4ta región -que en su momento ratificó su propio pedido de detención-", afirmó Moro.

Esta decisión de Moro, que se encontraba de feria, fue muy cuestionada ya que él es un juez de primera instancia y de otra jurisdicción. En el futuro seguramente sea aprovechada por los abogados de Lula para destacar su animadversión hacia el ex presidente.

Luego que Moro pidiera evitar la liberación de Lula, el juez Gebran Neto ordenó a la Policía Federal ignorar el pedido de liberación del ex presidente. Gebran Neto es amigo de Moro y es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, que condenó a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Pero después, Rogerio Favreto volvió a ordenar la liberación de Lula y advirtió que desconocer su decisión importa caer en el delito de "desobediencia judicial". Luego el procurador de Porto Alegre pidió que la causa sea retirada de la esfera de Favreto y sea el presidente del TRF-4 quien decida si Lula debe ser liberado y fue en efecto Thompson Flores quien cerró la disputa ordenando que el ex presidente permanezca en prisión.

Lo cierto es que la inédita guerra judicial es un síntoma más del escenario de total incertidumbre que se vive en Brasil, porque aún preso Lula sigue liderando las encuestas para las presidenciales de octubre. 

Mientras que desde la oposición aseguran que estará inhabilitado para competir, Lula los desafía y hace unos días hizo una carta pública en la que les exigió que presenten pruebas sobre su supuesta culpabilidad hasta el 15 de agosto, fecha en la que -aseguró- su candidatura será registrada en la Justicia Electoral.

Lula mantuvo siempre su inocencia en el juicio conocido como el "triplex" por el departamento en Guarujá que supuestamente le entregó como coima la constructora OAS. El ex presidente siempre negó que el inmueble sea de su propiedad.