La pelea entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema por los fondos para el Poder Judicial sigue escalando y ahora en el máximo tribunal sospechan de una maniobra para recortarles fuerte el Presupuesto y temen por el superávit.

La disputa salió a la luz la semana pasada cuando los integrantes de la Corte le enviaron una nota al jefe de Gabinete, Marcos Peña, exigiendo más recursos y advirtiendo que una dilación podría generar una "inmediata paralización de las actividades". Enseguida, el Ministerio de Justicia expresó su "sorpresa" por el reclamo e indicó que el tema no se tocó en las reuniones con los representantes del tribunal.

La Corte le pidió fondos al gobierno y amenazó con un paro

En los últimos días, el ministro Germán Garavano insistió en declaraciones periodísticas en que de la ejecución del presupuesto de la Corte no se observa que le falten fondos. "Si uno analiza objetivamente el presupuesto devengado de la Corte, que es el realmente ejecutado, se ve que tienen ejecutado un poco menos del 50 por ciento y ya pasó más de la mitad del año, con lo cual perfectamente le debería alcanzar para el resto del año", señaló el funcionario en una entrevista en América.

Según supo LPO, esas declaraciones de Garavano generaron sorpresa en la Corte y concluyeron que la idea del Gobierno es no aportar más fondos este año, lo que -dicen- implicaría un ajuste importante.

Declaraciones del ministro en otros medios directamente causaron cierto temor. En radio Mitre, Garavano indicó que los empleados judiciales ya tuvieron este año un aumento del 5% (correspondiente al 2017) y otro del 10%. "Hoy son la rama de funcionarios estatales que tienen los mayores sueldos y esperamos que siga en línea con el aumento del resto del personal del Estado", dijo. El ministro agregó que si se pretende un salario "por encima" del resto de los estatales "sería una contribución que podría hacer la justicia en este momento de crisis y de dificultades".En la Corte esto se interpretó como una avanzada sobre los ahorros que tiene el máximo tribunal, que suele ser reacio a mostrar sus números pero que a fines de 2016 alcanzaban los 10.500 millones de pesos de disponibilidad inmediata y otros 3.500 millones pendientes de cobro.

Abonó las sospechas un tuit de un diputado que responde a Carrió que recordó el superávit del máximo tribunal. "A diciembre de 2016 la Corte tenía 11 mil millones de pesos superavitarios que nunca quiso decir donde ni cómo están invertidos, pero piden más", escribió Juan Manuel López.

En lo inmediato esta sospecha provocó que los cinco integrantes del tribunal dejen de lado por un momento sus internas y se unan para evitar una avanzada contra su Presupuesto. En medio de las tensiones por la sucesión de Ricardo Lorenzetti, los cortesanos ahora están más urgidos por defender sus fondos, que -dicen- no fueron tocados ni siquiera por el kirchnerismo.

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Uno de los problemas para la Corte son las presiones de los tribunales inferiores, que amenazan con paralizar actividades ante falta de fondos u otros problemas. Por caso, la Cámara Federal de Casación Penal acaba de pedir que le habiliten nuevos edificios para poder cumplir diferentes tareas.

Tampoco parece casualidad que justo en estos momentos salga a la luz la noticia de que empleados judiciales se contagiaron tuberculosis, presuntamente por el contacto con presos.