La justicia porteña suspendió provisoriamente la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.

Las cooperativas señalaron que el Plan Urbano Ambiental "dispone que deba aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan", algo que aún no sucedió.

La magistrada concedió la cautelar y recordó que existe una "obligación constitucional incumplida desde el año 1996 de dictar el Código Ambiental". En base a esa "costumbre" los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, "una verdadera corruptela -en su segunda acepción según diccionario de la RAE- es decir, una mala costumbre o abuso", al decir de Liberatori.

A principios de mayo la Legislatura había aprobado modificaciones a la ley de Basura Cero y quitó las trabas que había hacia la termovalorización. El proyecto del Ejecutivo tuvo 36 votos a favor y 22 en contra, pero nunca estuvo en los planes del Ejecutivo aprobarlo con doble lectura.

La intención del gobierno es transformar el negocio de la basura en un negocio energético, lo que permitiría internacionalizar los jugadores. El Estado podría llegar a pagar 150 dólares por cada MW generado a partir de los residuos, casi 3 veces más del precio de la energía eólica.

Más allá de la cautelar que consiguieron las cooperativas, el proyecto de termovalorización por ahora deberá esperar. El ajuste dispuesto por el gobierno obligó a ralentizar algunas obras como la Autopista Illia y lo más probable es que las tres plantas que iban a instalarse en la Ciudad y en la Provincia queden para otro momento.

Las cooperativas de cartoneros y recolectores fueron desde un principio las grandes opositoras a la iniciativa. Según argumentan para generar energía las plantas se alimentan de los mismos materiales que ellos venden.

"Así púes nos hallamos ante un texto legal que a simple vuelo de pájaro refiere de modo sustancial al medioambiente, hemos visto que se habla de cenizas volantes como residuos peligrosos, de combustión de residuos sólidos y de emisión de gases a la atmósfera", explica la jueza en su fallo.