Mauricio Macri deberá completar el tribunal de la Cámara Nacional Electoral y proponer al Senado el nombre del sucesor de Rodolfo Muné, fallecido en 2016. Con Alejandra Lázzaro, Raúl Bejas y Hernán Gonçalves Figueiredo como ternados, se desató una guerra abierta para definir el nombre de quien ocupará un espacio de mucho poder. 

Se trata de un tribunal al que miran con atención desde la política, por estar encargado de regular las elecciones de todo el país. Además, deberá definir sobre temas sensibles, como si mantiene o no la intervención al PJ que encabeza Luis Barrionuevo por orden de la jueza María Servini de Cubría. 

En ese escenario, arrancaron una serie de acusaciones cruzadas entre el sector que apoya a Lázzaro y el que impulsa a Gonçalves Figueiredo, que -según coincidieron fuentes judiciales en diálogo con LPO- son los candidatos con más chances de llegar al cargo. 

Lázzaro salió primera para cubrir el cargo, mientras que a Gonçalves Figueiredo se lo señaló como el preferido del Gobierno y cuenta con el apoyo de los miembros más influyentes de la CNE porque el vicepresidente de la Cámara, Santiago Corcuera, apuesta a él, mientras que el presidente Alberto Dalla Vía también estaría inclinado a su favor, aunque con mayores reservas.

Lázzaro salió primera para cubrir el cargo, mientras que a Gonçalves Figueiredo se lo señaló como el preferido del Gobierno y cuenta con el apoyo de los miembros más influyentes de la CNE

En los últimos días se dieron a conocer dos impugnaciones a la candidatura a juez de Gonçalves a las que accedió LPO, presentadas por los abogados Matías Garcete Suárez y Fabián Bergenfeld, en las que lo acusan de haber "falseado" sus antecedentes académicos al mencionar que era "profesor titular" de una materia en la Facultad de Derecho de la UBA.

Junto a su presentación, Garcete Suárez adjuntó una nota de la Facultad de Derecho en la que el director general de Administración, Carlos Alejandro Valladares, aclara que el candidato "no reviste designación alguna como profesor titular" de la materia Derechos Políticos y Electorales. 

Gonçalves respondió a las acusaciones y presentó un descargo en el que desmiente haberse definido como profesor titular de esa materia. Además, quiere que se revisen las impugnaciones de la terna completa y no sólo las suyas.

Es que en paralelo, LPO accedió a dos impugnaciones que se le hicieron a Lázzaro. Una fue de María del Milagro Barrera y otra de Luis Campos, en las que le cuestionan antecedentes curriculares y su supuesta cercanía a la UCR.

En concreto, Barrera menciona su "incuestionable" relación partidaria con el radicalismo y destaca que la persona que acceda al cargo debe tener una "independencia indudable" respecto de los partidos políticos.

Cerca de Lázzaro desmienten que sea afiliada a un partido y creen que las acusaciones se basan en artículos periodísticos que se fueron publicando como parte de una operación para impulsar la candidatura de Gonçalves y desprestigiar a la mujer que obtuvo el mayor mérito para ocupar el cargo. 

Incluso destacan una nota -a la que también accedió LPO- del rector de la UBA, Alberto Barbieri, dirigida al ministro Germán Garavano en la que argumenta su "adhesión" a la postulación de Lázzaro y recuerda que tiene una "vasta trayectoria y labor acreditada a nivel nacional e internacional", mientras enumera todas sus condiciones para ser la candidata propuesta.

De los tres propuestos, Lázzaro es la que hasta ahora se presenta como la candidata con más chances de ser electa y en la justicia dan por descartado a Bejas, que sacó el segundo puesto pero se especula con que lo nombrarían en Tucumán. Sin embargo, hay quienes resaltan que la postura de la CNE en favor de Gonçalves también podría pesar en la decisión final de Macri.