Cristina Kirchner arrancó este lunes a través de sus legisladores una nueva embestida contra la gestión de Mauricio Macri, a través de una serie de denuncias para complicar a los ahora ex ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren, así como también a Federico Sturzenegger.

La estrategia de avanzar contra los tres dirigentes se dio a través de dos vías. Por un lado, el diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció a Sturzenegger -ex presidente del Central- y a Caputo -su reemplazante- por la corrida bancaria que significó "pérdidas millonarias para el país". Esa denuncia salpica también a todo el directorio de la entidad y a los directivos del JP Morgan, y pide que no puedan salir del país sin autorización judicial.

Por otro lado, el diputado Martín Doñate amplió la denuncia contra el ahora ex titular de la cartera de Energía, Aranguren, en la causa por la compra de gas licuado que favoreció a la anglo holandesa Shell. En la misma línea, solicitó que se le secuestre el pasaporte y se le imponga la obligación de pedir permiso para viajar al exterior.

Mientras que el pedido de que no salgan del país Caputo y Sturzenegger cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, el pedido por Aranguren al ser una ampliación de una denuncia que ya se le había realizado le corresponde al juez Luis Rodríguez. 

Como supo LPO, en el caso de la denuncia contra Sturzenegger y Caputo lo que se busca además es desprestigiar el nombre del ex ministro de Finanzas para conducir el Central, un puesto en el que fue designado por Macri pero su pliego debe ser tratado en el Senado. En ese sentido, ya empezaron las objeciones que recuerdan sus vínculos con empresas offshore. 

En rigor, Tailhade ya marcó el rumbo en los últimos días, cuando en diversos medios salió a definir a Caputo como una persona no capacitada para "gestionar la cosa pública" y consideró que "está ahí porque presuntamente trasmite confianza en el mercado".

El kirchnerismo se opone a la designación de Caputo en el Central

Télam

Según el escrito al que accedió este medio, a los funcionarios les imputan la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y tráfico de influencias.

La presentación también pone el foco en el rol que cumplieron los vicepresidentes del BCRA Lucas Llach y Damian Reidel, y el subgerente general de operaciones, Agustín Collazo; y en el presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, y el jefe de cobertura bancaria del JP, Alejandro Guevara.

En el caso de Aranguren, el ex ministro había sido imputado en 2016 por el fiscal Carlos Stornelli, quien se basó en una denuncia presentada por Doñate y Tailhade por haber resuelto interrumpir la importación de gas a Bolivia y reemplazar ese suministro con la compra a Chile a un precio muy superior (128% más), a través de una empresa subsidiaria de Shell, en la cual Aranguren era accionista.