La tensión entre el Gobierno y la iglesia tras la sanción de la ley que habilita el aborto podría agravase si prospera un proyecto de Cambiemos para impedir que el Estado le pague los salarios a los obispos.

Es una inversión de 130 millones de pesos anuales, según precisó el jefe de Gabinete Marcos Peña durante su informe en el Congreso en marzo, ante una consulta de la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución de Martín Lousteau.

Y no ocurre hace tanto, sino desde la última dictadura militar, que emitió cuatro decretos-ley para garantizar una "asignación mensual vitalicia" equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional y un 70% para los auxiliares.

Por decisión de la última dictadura, el Estado le paga a los obispos el 80% de la remuneración de un juez, los curas como los empleados de alta categoría y hay subsidios a seminaristas y párrocos de frontera. Un proyecto de ley pide eliminar ese beneficio. 

También hay una asignación mensual de la categoría 16 de los empleados públicos a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zona frontera, una jubilación mínima a los sacerdotes mayores a 65 años y una contribución mensual de categoría 10 por cada seminarista.

Tras la precisión presupuestaria de Peña, Carrizo presentó un proyecto de ley para reducir el aporte a una remuneración de un docente universitario, pero el radical Alejandro Echegaray fue por más: propuso que el Estado no le pague más los salarios a la curia.

"La feligresía debe sostener a la iglesia, es un beneficio inaudito en un estado laico", lo justificó Echegaray ante LPO. El episcopado puede defenderse en el artículo 2 de la Constitución, que obliga al Gobierno a sostener "el culto católico apostólico romano", pero para Echegaray eso no obliga a liquidar haberes.

"La iglesia ya se sostiene por medios de exenciones impositivas, subsidios a la educación y al patrimonio arquitectónico de muchos templos", aclaró el diputado que apoyó el aborto legal y cruzó al ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre cuando atacó al de Salud Adolfo Rubinstein por avalar la ley.

La iglesia jugó fuerte para frenar la ley con marchas multitudinarias en el interior del país el último domingo, llamados a diputados indecisos y movilizaciones tibias durante la sesión. Lo repetirán en el Senado, donde no parece fácil que puedan frenarlo.

Ante la polémica por sus salarios, en marzo el aún obispo de La Plata, Héctor Aguer, confesó que cobra 40 mil pesos lo gasta "en darle a los pobres".

"¿Quién pagaría los salarios de los curas si no es el Estado?", preguntó LPO. "El mismo patrimonio de la iglesia o las donaciones que reciban. Pero no la gente de otros credos", respondió.

Y recordó que "la administración de recursos públicos con fines sociales debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y debe rendir cuentas, una obligación que no alcanza a los clérigos beneficiarios". Su proyecto no se trató. Sería otra grieta en cada bloque, que por ahora nadie quiere repetir.