El juez Marcelo Martínez de Giorgi comenzó a tomar declaración a un grupo de directores de la Sociedad Rural (SRA) que en noviembre pasado rechazaron el pago de 500 mil pesos al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

De hecho, la semana pasada el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 -a cargo de Martínez de Giorgi- le envió al presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, una carta para que informe los domicilios constituidos por los directivos de la entidad.

En ese escrito al que accedió LPO, dicho Juzgado solicitó a Pelegrina que disponga los domicilios de Carlos Vaquer, Mariano Andrade, Javier Pérez Balade, Horacio La Valle, Adela Nores Boderau, José Reggi, Mariano Grondona y Norman Bruce Coates Spry.

Martínez de Giorgi obtuvo la información de inmediato y estos dirigentes comenzaron a desfilar por su Juzgado en el marco de la causa caratulada "Etchevehere Luis Miguel s/cohecho activo" que reveló en exclusivo este medio en diciembre del año pasado.

Al parecer, el Juez está interesado en conocer los detalles de la polémica votación del 14 de noviembre pasado (que terminó con 14 votos a favor y 11 en contra) y en la que se dispuso el pago al funcionario macrista que fue depositado solo dos días después.

Martínez de Giorgi ya había obtenido actas del día de la votación, pero no convencido con esto, ahora quiere conocer de primera mano por qué estos directores votaron en contra y, sobre todo, si Etchevehere pidió personalmente que le paguen los $ 500 mil.

Es que, para saber si el ministro incurrió en el delito de "dádivas" establecido en el artículo 259 del Código Penal, el Juez necesita estar seguro de que Etchevehere utilizó su cargo, su poder y su influencia en una entidad que presidió de 2012 a 2017.

El abogado Leonardo Martínez Herrero fue quien a fines de diciembre, unos días antes del inicio de la feria judicial, presentó una denuncia penal contra el ministro de Agroindustria y luego, en febrero, se presentó en el mismo Juzgado para ratificarla.

"Los directores de la SRA figuran en el oficio porque el cohecho lo comete tanto el que paga como el que recibe el dinero. Lo que aún se desconoce es si serán llamados los que aprobaron el bono como testigos o bien como imputados", comentó Martínez Herrero.

Por el momento, el único imputado en la causa a cargo de Martínez de Giorgi es el propio Etchevehere que, a mediados de marzo, recibió un duro cachetazo de la Oficina Anticorrupción (OA) que dictaminó que el ministro violó la Ley de Ética Pública.

El informe de Laura Alonso, que asegura que el ministro mintió en diferentes momentos de su defensa, destaca que el cobro de "la retribución excepcional no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre Ética Pública".

En ámbitos judiciales siguen expectantes el "Bono-Gate" y no descartan que si avanza la causa el ministro sea llamado a indagatoria y luego procesado, lo que complicaría su situación en el Gabinete, aunque por el momento Macri decidió mantenerlo en el cargo.