La Sala I de la Cámara Federal procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmó la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el marco de la causa por defraudación al Estado nacional con fondos públicos utilizados para la construcción de viviendas sociales.

El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, y allí además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros ex funcionarios.

Además, los jueces de la Sala I impusieron embargos que van hasta los 250 millones de pesos.

Y confirmaron los procesamientos de Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrian Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi, todos acusados de ser "autores" de la maniobra de defraudación a la administración pública.

"La lectura de los actos procesales cuestionados permite advertir que la imputación cursada a los encausados ha respetado aquellas exigencias, pues contiene una descripción suficientemente circunstanciada, detallada y precisa de los hechos reprochados, incluyendo tanto una explicación global de la maniobra que conforma el objeto procesal de la causa, como la indicación concreta de la conducta llevada a cabo por cada uno de ellos, debidamente enmarcada en aquel escenario", sostuvo la Cámara.

El Tribunal remarcó que "se utilizó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación".

En concreto, lo que se investiga es el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, "para lo que contaron con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también con terceras personas y empresas".

El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por un total de 748.719.414 de pesos.

"Se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida", y del dinero otorgado por la Secretaría de Obras Públicas "sólo la suma de 516.247.173,07 de pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras", se indicó.

Por eso se investiga un faltante de 206.438.454,05 de pesos que "fueron desviados de su fin específico", entre ellas financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que "lo tenían como beneficiario y hasta pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas".

Los jueces valoraron la declaración de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, sobre que "las autoridades nacionales además de condicionar la obra determinaron que aquella debía llevarse a cabo a través del proyecto ‘Misión Sueños Compartidos de Inserción Social y Laboral".

En la causa tienen falta de mérito los ex gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.