La Oficina Anticorrupción (OA) pidió una pena cinco años y seis meses de prisión para el exvicepresidente Amado Boudou, en el marco del juicio por la compra de la ex-Ciccone Calcográfica.

En un alegato de más de siete horas, también solicitó que pague una multa de 90 mil pesos y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La OA, que preside Laura Alonso, efectuó ese pedido de penas para Boudou por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Para la Oficina, el exvice, "con mucho poder, disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado", en referencia a las intervenciones que tuvieron la Casa de la Moneda, la AFIP y el propio Ministerio de Economía en la compra- venta de la imprenta.

"Vamos a pedir al Tribunal que imponga los límites del Código Penal", dijo en el inicio del alegato el abogado representante de la OA, que también afirmó que Boudou y su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, fueron quienes contactaron a Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone.

Según la OA, el exvicepresidente y Núñez Carmona se acercaron al dueño de la empresa a través del abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, quien apareció formalmente en el proceso de compra de la ex-Ciccone.

Para la querella, ese fue el punto de partida en el que se suscitaron una serie de reuniones en el canal Telefé -adonde Boudou concurrió a dar una entrevista en un programa-, en un hotel y en el restaurante I Fresh Market de Puerto Madero, entre el entonces funcionario y los dueños de Ciccone.

"Núñez Carmona era el hombre de confianza de Boudou, era su amigo, gestor de sus decisiones que no podía tomar de mano propia. Núñez Carmona es Boudou, y esto se proyecta", subrayó el letrado.

Además, se refirió a la relación de "amistad y negocios" entre Núñez Carmona y Vandenbroele.

Para la Oficina, el segundo paso en la maniobra fue el aval que dio la AFIP al levantamiento de la quiebra que pesaba sobre Ciccone y que permitió la compra de la empresa.

Finalmente, se dio "el acuerdo espurio" por la compra de la gráfica para luego contraer negocios con el Estado para la impresión de billetes.

El abogado Alejandro Rúa, defensor de Boudou, planteó la nulidad del alegato porque dijo que el abogado de la OA lo leía, algo que está impedido por el Código Procesal Penal.

Pero el Tribunal Oral Federal 4 rechazó su reclamo, al considerar que se estaba tratando de garantizar la continuidad del juicio.