En los próximos dÃas el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73) con el objetivo que sea tratado y aprobado durante el transcurso del presente año legislativo aprovechando que no hay elecciones.
El mayor impulsor de la iniciativa oficial es el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que quiere de esta manera comenzar a mostrarle resultados polÃticos al presidente Mauricio Macri y evitar repetir el fracaso de sus antecesores en el cargo.
El tema es que en el sector agropecuario causó bronca que el funcionario macrista salga por todos los medios a decir que hay consenso para sancionar la nueva Ley de Semillas que, según confirmó, "ya está en instancias de presentarse en el Congreso".
"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
A pesar de las declaraciones del ministro, en diálogo con LPO directivos de Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales (CRA) rechazaron de manera contundente el proyecto del oficialismo dado que no contempla una serie de puntos planteados.
De hecho, tres años atrás la entidad que preside el santafesino Omar PrÃncipe presentó una iniciativa propia en el Congreso que cuenta con estado parlamentario. Ahora FAA, no solo se opondrá al proyecto oficial, sino que trabajará uno en conjunto con CRA.
La Ley de Semillas históricamente generó divisiones en la Mesa de Enlace. Por tal motivo, ninguno de los ministros anteriores (Julián DomÃnguez, Norberto Yauhar, Carlos Casamiquela y Ricardo Buryaile) tuvo margen de maniobra para tratarla.
La polémica pasa porque el nuevo anteproyecto diseñado por técnicos y legisladores del oficialismo no incluye el concepto de "orden público" a diferencia del texto presentado en 2016 que reconocÃa a toda propiedad intelectual al momento de comprar semilla.
Jorge Solmi, dirigente de FAA, comentó que "al no estar contemplado el orden público, los propietarios de patentes que licencien el uso a las semilleras pueden reservarse la posibilidad de cobrar a los productores un canon por el uso de esas patentes".
"Se quiere vender que el nuevo anteproyecto es fruto de un consenso cuando esto no existe. El concepto de orden público, en términos jurÃdicos, implica que el Estado se pone en el medio de dos partes con el propósito de proteger a la más débil", sostuvo Solmi.
"Nosotros entendemos que, si un proveedor de tecnologÃa licencia el uso de una patente a una empresa semillera, el cobro de la misma debe circunscribirse entre ambos sin incluir al productor en ese acuerdo", explicó el dirigente oriundo de Pergamino.
Como sea, la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro respaldan la iniciativa de Etchevehere, aunque reconocen que no cuenta con apoyo unánime, por lo que la Mesa de Enlace, integrada por las cuatro entidades rurales, quedó literalmente partida al medio.
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