El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, enfrenta un nuevo escándalo por corrupción, esta vez con uno de sus ministros en la mira de la Justicia federal, que el domingo allanó la Casa de Gobierno por sospechas de que el implicado se encontraba destruyendo pruebas.

Tras la causa que derivó en la detención de varios funcionarios en marzo pasado, ahora el investigado es el ministro de Infraestructura, Fabián Echazarreta, que está acusado de lavado de dinero y obtuvo un alivio la semana pasada cuando la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger rechazó el pedido de detención que hizo el fiscal Patricio Sabadini.

La tensión por la investigación escaló este lunes cuando Peppo salió a cuestionar a la justicia por el allanamiento que se realizó el domingo por la tarde en la sede del gobierno (el cuarto de los últimos tiempos). El gobernador peronista pidió "respeto" y "que no se produzcan excesos"

El operativo en cuestión -realizado por Gendarmería- fue ordenado por Sabadini luego de recibir dos avisos anónimos donde lo alertaban de que Echazarreta y allegados se encontraban en Casa de Gobierno destruyendo pruebas.

Peppo le respondió que él autorizó al ministro a reunirse en la sede de gobierno con su equipo para preparar una presentación judicial. "El allanamiento no condice con lo que estaban haciendo, nadie destruye pruebas", replico, al tiempo que se quejó porque "el ministerio está prácticamente sin documentación porque se llevaron todo".

Por su parte, Sabadini informó que los efectivos secuestraron carpetas con documentación de una de las empresas involucradas, que un operativo realizado el viernes no se habían encontrado. El fiscal reiteró además el pedido de detención del ministro.

Sabadini además solicitó la detención de Ismael Fernández (ex titular de la Unidad Ejecutora "Chaco Construye" e involucrado en la otra causa que sacude al gobierno chaqueño), Ramón Chávez y Cristina Dellamea, pedidos que fueron aceptados por la jueza, por lo que se encuentran prófugos.

El fiscal sostiene que los mencionados integran una banda que actuó creando empresas y sociedades -integradas por familiares y amigos- para proveer bienes y servicios al Estado chaqueño. Sabadini indicó que se concretaron "maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad".

Para el funcionario del Ministerio Público, todos los imputados cumplieron distintos roles "relacionados con presuntas maniobras de evasión fiscal y/o lavado de activos provenientes de posibles conductas vinculadas a delitos corrupción, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y asociación ilícita y otros delitos".

Sabadini es el mismo fiscal que el mes pasado solicitó el desafuero y la detención de la diputada de Cambiemos Aída Ayala, hasta ahora en libertad porque el oficialismo traba en la Cámara de Diputados el tratamiento del pedido del fiscal.

"Como en el caso de Aída Ayala, en este caso aún más hay posibilidades de que este funcionario por el lugar que ocupa obstruya la investigación. No pido detenciones por deporte o por gusto sino por las serias sospechas de que el ministro puede obstruir la investigación", argumentó hoy.

También Sabadini investiga a un grupo de funcionarios en otra causa por lavado de dinero, que derivó en la detención (aunque por orden de la justicia provincial) en marzo pasado del ex secretario de Gobierno, Horacio Rey, cuñado del mencionado anteriormente Ismael Fernández, que también fue detenido en ese momento y luego liberado.

También permanecen detenidos los ex subsecretarios Paulo Buttice (Políticas Comunicacionales), Roberto Lugo (Comercio y Servicios) y el coordinador del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales, Gustavo Katavich.