Este jueves fue un día negro en materia judicial para Hugo Moyano, que recibió dos malas noticias en distintas causas que en las que está involucrado por presuntos negociados en el gremio de Camioneros.

Por un lado, la Policía Federal allanó la sede central de Camioneros, San José al 1700 en el barrio porteño de Constitución, en el marco de una causa por el presunto pedido de coimas y extorsión a empresarios del transporte.

El operativo se dio luego de que la semana pasada se registrara otro allanamiento en la sede de Camioneros de San Miguel, donde incautaron En el operativo del pasado 12 de mayo, la Policía Federal incautó. La orden del procedimiento la dictó el juzgado de garantías N° 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián.

La denuncia que originó la investigación indica que dirigentes del sindicato de San Miguel ejercieron amenazas y pedidos de coimas a comerciantes para que trabajen únicamente con determinadas empresas, las cuales estarían en connivencia con su agrupación.

Por otro lado, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes citó a declaración indagatoria a Moyano en una causa por "lavado de dinero y defraudación" vinculadas a operaciones de compra de terrenos en la localidad de La Falda. Lo mismo determinó para Paulo Villegas, tesorero del sindicato.

Moyano, junto a otras personas, fue imputado en diciembre del año pasado por los delitos de lavado de dinero y defraudación, en relación con la compra de cinco terrenos en La Falda, y que fue denunciada ante la Unión de Investigación Financiera (UIF) y luego la causa derivada a la Justicia Federal local.

En marzo último, Sánchez Freytes ordenó el secuestro de las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros adquirió en 2013, en la localidad cordobesa de La Falda, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación", delitos que se adjudican al líder sindical como presunto autor.

Por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.

Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.