El presidente de la cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca declaró un patrimonio de $ 3.838.711 y se convirtió en el primer legislador en presentar su declaración jurada en el dÃa en que la cámara Baja abrió el plazo para cumplir con ese trámite, que vence el 31 de agosto.
La obligatoriedad de presentar la declaración jurada de bienes fue establecida el año pasado por la Legislatura, que también invitó a hacerlo al Poder Ejecutivo, luego de que la gobernadora MarÃa Eugenia Vidal avanzara con el establecimiento de ese requisito para miembros de la policÃa Bonaerense.
Mosca, el presidente de la cámara Baja, la principal espada legislativa de Vidal, fue el primero en presentarla pero deberán seguirlo la totalidad de los diputados y senadores, además de secretarios, prosecretarios, directores, subdirectores y personal legislativo que intervenga en el manejo de fondos públicos.
"Desde la Cámara de Diputados seguimos trabajando por una mayor transparencia en la función pública, porque ese es nuestro compromiso con los vecinos de la provincia. Por eso a través de la página web de Diputados cualquier ciudadano puede conocer la declaración de bienes patrimoniales de los legisladores", aseguró Mosca.
Según el detalle que entregó su oficina de prensa, $345.000 correspondiente al 100% del valor fiscal de un automóvil, además del $868.369 correspondientes al 50% de un inmueble en Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con su conviviente, $1.648.635 correspondientes al 50% del valor de un inmueble en BolÃvar junto con su conviviente, $730.776 correspondientes al 33% del valor de un inmueble en BolÃvar donados por su familia, $592.666 correspondientes al 25% del valor de un inmueble en BolÃvar donados por su familia $103.265 en efectivo Además, el presidente de la Cámara baja declaró ingresos anuales netos por su cargo actual por $1.580.880 y una deuda por $450.000.
En la provincia, además de legisladores y policÃas, la exigencia de presentar la DDJJ se extiende a administración central, entidades descentralizadas; empresas y sociedades del Estado, además de fondos fiduciarios, y otras organizaciones.
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