La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes volver a detener a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El pedido de detención se da en el marco de la causa en la que se los investiga por defraudación a la AFIP por unos 8 mil millones de pesos no rendidos del impuesto a la transferencia de combustibles, que con intereses, penalidades y nuevos atrasos rondaría los 17 mil millones.

El Tribunal penal volvió a caratular el expediente como "defraudación a la administración pública" en lugar de "apropiación indebida de tributos", que le había permitido salir en libertad en enero con el voto de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, y le reducía la deuda a los 8 mil millones originales, además de permitirle acogerse a una moratoria.  

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, e hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella. El nuevo prenunciamiento se produce luego que hasta el presidente Macri cuestionara públicamente la anterior decisión.

El fiscal Pleé había recordado que existen peligros procesales de que López entorpezca el avance del expediente si continuaba en libertad y por lo tanto correspondía que siga en prisión. 

Este caso supuso graves consecuencias a los camaristas Farah y Ballestero, que quedaron en el ojo de las sospechas por la liberación de Cristóbal. 

Esta semana el Consejo de la Magistratura aprobó el traslado de Farah a un tribunal penal económico de la Capital Federal. La decisión está ahora en manos del Poder Ejecutivo, aunque el ministro Germán Garavano ya se mostró a favor.

En tanto que Ballestero pidió licencia en la Cámara Federal y todo indica que, como anticipó LPO, se acelera su salida de la Justicia.