El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y diputados de Cambiemos presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para combatir el accionar delictivo de los motochorros, que contempla la colocación del número de patente en el casco, el uso de chaleco reflectante con el dominio del vehículo grabado y la prohibición de circulación de a dos en ciertas zonas y horarios que deberán determinar los municipios.

La iniciativa que busca frenar los robos perpetrados por delincuentes fue impulsada por el diputado Matías Ranzini y lleva la firma de sus pares Carolina Píparo y Martín Domínguez Yelpo.

"Este es un proyecto fundamental, sobre todo por lo que se ve en la provincia, donde el accionar de este tipo de delitos es una modalidad", afirmó Ritondo.

La propuesta contempla que los motociclistas deberán llevar el casco reglamentario con la patente adherida, usar chaleco reflectante con el dominio del vehículo grabado -tanto el conductor como el acompañante- y la prohibición de circular de a dos en ciertas zonas y horarios a determinar por cada municipio.

Además, las estaciones de servicio no podrán vender nafta a motociclistas que no cuenten con las medidas reglamentarias establecidas en la ley, y quienes no lo hagan serán multados.

"Tenemos dos puntos importantes en el proyecto, uno tomar este trabajo como algo para afrontar esta modalidad del delito que es violenta y es una de las principales preocupaciones de los vecinos", dijo Ranzini en la presentación de la iniciativa.

Y agregó: "No es una cuestión general de qué chalecos se utilizarán, sino que, respetando la autonomía municipal, son los municipios quienes van a decidir en qué perímetro y franja de días y horarios regirá el uso del chaleco de forma obligatoria".

Presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Ranzini planteó que a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde es todo urbano, "nosotros nos tuvimos que concentrar en desarrollar un proyecto que contemple las particularidades de una provincia tan extensa y diversa".

"Por eso cada municipio deberá elevar al Ministerio de Seguridad cuáles son los perímetros geográficos y franjas horarias donde el uso de los chalecos y los cascos son obligatorios", agregó.

La legisladora Carolina Píparo expresó que "como víctima y legisladora considero que esta ley es importante en su potencialidad para combatir una modalidad específica del delito".

Cuando era vicepresidente de la Legislatura porteña, Ritondo presentó un proyecto de ley para combatir a los "motochorros", lo que dio a la Ciudad un marco legal específico sobre esa modalidad delictiva.

A su vez, a partir del Decreto 171/2017, el gobierno nacional estipula que cada provincia debe establecer sus parámetros para combatir este tipo de delitos.

En operativos de control, saturación y prevención de la provincia de Buenos Aires se secuestraron hasta el momento más de 250 mil motos y fueron retenidas más de 22 mil por estar en directa vinculación con un delito, ya sea por salideras bancarias, narcomenudeo o asaltos, aseguró a la prensa Ritondo.

En caso de aprobarse la iniciativa presentada hoy, deberá modificarse el Código de Tránsito.

Por otra parte, ante el incumplimiento de los requisitos, se procederá a la retención del vehículo y se aplicará una multa que, en principio, dependerá del juez de Faltas de cada municipio.

El plazo para retirar la moto incautada será de 60 días corridos y sólo podrá hacerlo su dueño, pero si esto no ocurre, la autoridad de aplicación intimará al titular para que en 15 días corridos se presente, y si tampoco lo hace, se aplicarán medidas estipuladas en la Ley 14.547 que regula la compactación, subasta o cesión benéfica del bien.

Si se produce la compactación, la misma autoridad dispondrá de la chatarra o del producido del desguace, de acuerdo al proyecto legislativo.

Durante la presentación, se expresó que el gobierno provincial y los distintos municipios deberán promover el uso del chaleco y casco reglamentario, además de exigir que el expendio de combustible se realice sólo a quienes cumplan con la ley.

Cada municipio tendrá un plazo de 45 días para enviar al Ministerio de Seguridad el diseño geográfico y horarios donde será obligatorio el uso de los chalecos y cascos reglamentarios, y si no lo cumplen será el Poder Ejecutivo Provincial quien determine esas zonas y horarios.